GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) - El abogado Viliulfo Díaz ha pedido este lunes la readmisión del ex sacerdote Jesús María Menéndez, conocido popularmente como padre Chus, al tiempo que ha alegado indefensión al acogerse la Iglesia Católica al secreto canónico para no dar a conocer los motivos de su suspensión como cura y su despido como profesor de instituto de Religión en Gijón. Además, ha solicitado la anulación de las actuaciones al no acudir a testificar el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.
Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras la vista celebrada en este día en el Juzgado de lo Social número uno de Gijón, en la que se dirimía el despido laboral del profesor. En este sentido, el letrado ha recalcado que aunque sea la Iglesia quien designa y revoca a los profesores de Religión, el despido debe ser "ajustado a derecho" y en este caso no se conocen las causas.
Viliulfo ha asegurado que su cliente ha tratado de llegar a un acuerdo para levantar la suspensión cautelar, de forma que pudiera dar misa a su familia y amigos y que se le pagara el año que se le dejó de abonar, sobre todo teniendo en cuenta de que el padre Chus dedicaba el dinero a ayudar a los necesitados, según él.
A este respecto, ha recalcado que el padre Chus no volvió a hacer declaraciones públicas desde que él lleva su defensa, una de las condiciones que se le pedía desde el Arzobispado. De hecho, ha recalcado que él mismo habló el martes pasado con el obispo auxiliar, Juan Antonio Menéndez Fernández, para concertar un encuentro entre su cliente y el arzobispo y tratar de zanjar el asunto. Ha incidido en que el padre Chus estaba dispuesto a pedir disculpas si hacía falta y ha acusado al obispo auxiliar de "mentir" cuando señaló que debería de haber firmado un documento previo.
Viliulfo ha dicho sentirse, en su condición de católico, apostólico, romano y practicante, "absolutamente indignado y auténticamente abochornado" con la actitud del Arzobispado en este asunto, a lo que ha recordado que al padre Chus le hubiera quedaba poco para jubilarse después de 36 años si es que siguiera trabajando, a lo que ha añadido que lo lógico es que pueda hacerlo en las mejores condiciones.
El abogado, asimismo, que ha insistido en recalcar que no ha sido justa la actitud tenida hacia el ex sacerdote, ha remarcado que no se trataba de un problema de dinero. Es más, ha señalado que
"nunca en su vida cobró una peseta como párroco" y con lo que percibió como profesor atendió a gente necesitada. "Mantuvieron callado a Jesús hasta el último día y luego no le recibieron", ha apuntado.
AUSENCIA DEL ARZOBISPO
Previamente, durante la vista judicial, Viliulfo pidió la suspensión del juicio por la no comparecencia del arzobispo, mientras que el letrado de la Iglesia, Armando Platero, adujo que el obispo auxiliar, que sí que acudió como testigo, era conocedor del asunto y quien había resuelto el recurso presentado por el demandante.
Tras el rechazo del magistrado a una nueva suspensión de la vista, Platero ha argumentado que a diferencia de otros profesores que deben superar unas pruebas de idoneidad para dar clases, el padre Chus podía ejercer, de acuerdo al Derecho canónico, por ser sacerdote. Por tanto, ha rechazado que se esté ante un caso de legislación laboral, sino canónica, y ha insistido en que va unida su condición de sacerdote con la de profesor.
También ha señalado que está recurrido el caso ante los tribunales eclesiásticos. Asimismo, ha apuntado que la revocación del contrato de trabajo fue ajustada a derecho por la pérdida de idoneidad. Esto conllevó que se le retirara la 'missio canónica' que le habilita para dar clases.
El abogado incluso llegó a indicar que había prescrito la posibilidad de demandar el despido al indicar que no puede tomarse de referencia la fecha de la resolución de la Consejería del Principado.
ACUERDO CON LA SANTA SEDE
Por parte del Principado, el abogado Pablo Rodríguez Porrón ha incidido en el hecho de que el padre Chus no accedió a la docencia con base a criterios de méritos e igualdad sino por su condición de sacerdote, con base al acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979. "Nos viene impuesto", ha recalcado sobre los nombramientos y ceses de los profesores de Religión.
Por su parte, Vilulfo ha insistido en que debe declarar el arzobispo por ser "el único conocedor de la razones" de la suspensión cautelar como sacerdote y despido como docente. Asimismo, ante las observaciones del magistrado, ha negado que se quiera "instrumentalizar" la Justicia con ello.
El obispo auxiliar, por su lado, ha indicado que tuvieron conocimiento después de firmar la resolución de que al padre Chus le quedaban pocos meses para poder acogerse a la jubilación, pero ha dejado claro que para cuando se enteraron, la decisión "ya estaba tomada". Además, ha explicado que al ex sacerdote le sustituye otro profesor que cree que no es cura.
En el juicio también ha declarado la directora del Real Instituto Jovellanos donde impartía clases el padre Chus, Milagros Madiedo, quien ha testificado que fue compañera de este desde 2003 y ha confirmado que no tiene constancia de ninguna queja contra él. En este caso, el abogado del Arzobispado ha llamado la atención sobre que Madiedo no estaba presente en las clases como para saber si el padre Chus las daba conforma a la doctrina cristina o no.
Platero, ya en las conclusiones finales, ha reiterado que es la Iglesia quien valora la idoneidad o no de los profesores y ha asegurado que es "absolutamente incierto" que no supiese el padre Chus el problema existente, al haber sido apercibido por el Arzobispado con anterioridad. También ha visto lógico que si deja de ser sacerdote también deje de ser profesor y ha apelado a causas "absolutamente canónicas".
Rodríguez, por su lado, que durante el debate sobre si se celebraba o no el juicio debido a la ausencia del arzobispo llegó a indicar que hubieran estado dispuestos a aceptar la reclamación previa por despido si no hubiera interpuesto una demanda, ha incidido en que el padre Chus no entró por oposición sino por designación de la Iglesia.
Viliulfo, asimismo, ha resaltado que este caso atenta a la dignidad, el honor y la imagen de su cliente, al que se le ha privado, según él, de la tutela de defensa efectiva por no conocer las causas de su despido. A este respecto, ha rechazado que se pueda hablar de "escándalo" ni en su predicación ni en la docencia.