El diputado de FORO en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, ha considerado una “tomadura de pelo” y “una clara muestra de deslealtad institucional del Gobierno de Rajoy a los ciudadanos asturianos” la respuesta que le ha dado el Ejecutivo nacional a una pregunta parlamentaria por la que Sostres se interesaba por el calendario del Gobierno para la ejecución de la sentencia en la que se condenaba al Ministerio de Industria al cumplimiento de los convenios en materia de fondos mineros firmados por el Principado y diferentes Concejos asturianos.

A la pregunta formulada por Sostres el pasado 8 de noviembre:

 “¿Cuál va a ser el calendario a seguir para la ejecución de lo previsto en la sentencia dictada, en el menor tiempo posible?”,

el Gobierno ha contestado literalmente:

“La sentencia 341/2013, de 28 de octubre, ha sido recurrida en apelación por la Abogacía del Estado.

No obstante se está evaluando de forma contradictoria el correcto cumplimiento de las obligaciones de ejecución y justificación de cada uno de los Convenios”.

Para Enrique Álvarez Sostres, esta respuesta, ante un tema tan trascendental para el futuro de las cuencas mineras y para el desarrollo de sus infraestructuras, pone de manifiesto “la deslealtad institucional del Gobierno del PP y el incumplimiento de las obligaciones contraídas en la firma de los diferentes convenios. Rajoy maltrata duramente a Asturias negándose a cumplir la sentencia por la eliminación de los fondos mineros, que asciende a 267 millones de euros”.

Sostres subraya que “esa deslealtad institucional no es sólo con las comarcas mineras, sino contra los ciudadanos de Asturias porque la sentencia condena al Gobierno del señor Rajoy al cumplimiento de los convenios y al pago y ejecuciones más allá de incidencias y alegaciones de subsanación de errores y deficiencias detectadas. Es una tomadura de pelo y una deslealtad institucional hacia Asturias y sus ciudadanos la respuesta a una pregunta parlamentaria, que evidencia lo que no es más que burda maniobra dilatoria por el incumplimiento de la sentencia”.

“El principio de lealtad entre instituciones y con los ciudadanos es esencial en democracia”, insiste el diputado asturiano, “y pone en cuestión el sentido dilatorio de sostenella y no enmendalla cuando el estado de derecho sanciona al Gobierno de la Nación”.

Por ello, FORO ha presentado una nueva batería de preguntas con la esperanza, según Sostres, “de que cese la tomadura de pelo con Asturias, con sus representantes y con sus ciudadanos”.

Estas son las preguntas que FORO va a registrar:

1ª. ¿Qué fundamentos ha utilizado la Abogacía del Estado para recurrir en apelación la sentencia citada?

2ª. ¿Qué plazos va a utilizar el Gobierno para “evaluar de forma contradictoria el correcto cumplimiento de las obligaciones de ejecución y justificación de cada uno de los Convenios”?

3ª. Tras esta evaluación, ¿qué calendario prevé en su caso el Gobierno para la ejecución de la sentencia?

4ª. O bien en su caso, ¿qué nuevos problemas va a argüir el Gobierno para dilatar el cumplimiento de la sentencia?