La Junta General aprueba crear el bono social para la pobreza energética

La Junta General aprueba crear el bono social para la pobreza energética

Esta medida fue rechazada por el PSOE bajo el argumento de que requiere  el desarrollo nacional de una normativa europea

 

Oviedo.-El Parlamento asturiano aprobó esta mañana, con la única oposición del PSOE,  la Proposición No de Ley que insta al Gobierno asturiano a que luche contra la pobreza energética estableciendo dos tipos de medidas; un bono social no inferior a 30 euros para los perceptores del salario social destinado a financiar los suministros básicos del hogar y la puesta en marcha de una línea específica de ayuda para el resto de la población que no puede hacer frente a los gastos de este capítulo. Esta iniciativa incluye también una demanda de regulación nacional para regular los suministros básicos, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad para las familias con bajos ingresos y que impidan el corte de suministros. Esta última parte fue rechazada por el PP y apoyada por el PSOE.

 

 

Marta Pulgar, diputada de IU de Asturias en la Junta General, defendió esta mañana esta Proposición No de Ley que propone luchar en Asturias contra la pobreza energética. La diputada definió el problema como una “realidad evidente y creciente” en los últimos años que, dijo, requiere formar parte de la agenda política con medidas paliativas y con la erradicación de las causas, frente a las políticas nacionales que fomentan el crecimiento de la desigualdad. IU propone la incorporación al salario social de un bono de 30 euros para hacer frente a los costes de la energía y la creación de una nueva línea de ayudas para el resto de la población que se encuentra con este problema.

 

Pulgar recordó que el Gobierno asturiano menciona en su Agenda Social la pobreza energética pero no aporta ninguna novedad para considerarlo un objetivo prioritario y establece exclusivamente que se aborde desde las ayudas de emergencia que ya existen y “son absolutamente insuficientes y coyunturales” y no resuelven el problema estructural. También advirtió que la puesta en marcha de estas dos medidas autonómicas que propone IU no significarán un aumento extraordinario del presupuesto.

 

La diputada puso en su intervención los “preocupantes” números de los afectados: según la Asociación de Ciencias Ambientales alrededor de 65.000 asturianos no pueden tener una temperatura adecuada en su casa, en un momento en que hay una bajada de salarios y pensiones y ha habido un aumento exponencial del recibo anual de la luz que representa 1.100 euros de incremento. En 2012, España es el 4º país europeo con más personas incapaces de mantener la temperatura  en sus hogares, es decir, 4,3 millones de personas están en esta situación solo superados por Italia, Reino Unido y Polonia. España es también uno de los países donde más ha aumentado el coste de la energía entre los años 2006 y 2012 y afecta principalmente a parados, niños y ancianos.

 

La Proposición No de Ley de IU también insta al Consejo de Gobierno asturiano a que se dirija al nacional para que impulse una normativa que permita prevenir la pobreza energética, que regule el sistema de suministros básicos del hogar para incluir un mecanismo en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos e impidiendo el corte de suministro a quienes no puedan pagar dicho suministro. Pulgar recordó que en esta misma línea han sido varias las iniciativas de IU en el Congreso de los diputados durante esta legislatura, todas ellas tumbadas por el rodillo del Partido Popular.

 

El Partido Socialista considera que la pobreza energética debe ser incluida en la política social  pero demandó desarrollar la Directiva Comunitaria que llama  a los países a desarrollar su normativa para que se garantice la no interrupción de servicios esenciales y eso le corresponde al Estado. “Esto es lo que hay que hacer y exige desarrollar normativamente y con precisión lo que significa el consumidor vulnerable”, explicó la diputada del PSOE. 

 

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