Madrid.-El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, compareció este jueves en el Congreso de los Diputados a requerimiento de la Comisión Constitucional, para exponer las líneas que definen la actuación del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y colaborar con las Cortes Generales para a dar una respuesta a este tema de profundo calado social.
“Según una encuesta del Centro de Estudios Sociológicos (CIS), de enero de 2014”, señalo el Fiscal en primer término, “la corrupción se sitúa como la segunda cuestión que más preocupa a los españoles, sólo superada por el paro”. Una percepción que también comparte la Fiscalía, como viene demostrando el número y entidad de procedimientos abiertos sobre hechos que podrían quedar englobados en este concepto y que se han incrementado en los últimos años.
“Se trata de un incremento cuantitativo y cualitativo”, añadió Torres-Dulce, “que no sólo se refleja en la creación de un estado de opinión y preocupación, sino que también se observa en el propio funcionamiento de la Administración de Justicia, poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento”, concretó.
Según los datos reflejados en la Memoria de la Fiscalía del año 2013, se comprueba que durante el período 2010-2012 la incoación de causas por delitos relacionados con la corrupción, -como son la prevaricación administrativa, cohecho, malversación, tráfico de influencias y fraudes comunitarios-, se ha incrementado en un 17% con una clara preponderancia del delito de prevaricación administrativa, que supone un 23% en el año 2012 respecto al total de los delitos citados.
Las sentencias dictadas en este mismo período de tiempo por estos delitos se incrementaron en un 151%, representando la prevaricación administrativa un 44% del total y la malversación un 39%.
Fotografía: El Fiscal General del Estado, hizo entrega del Libro Blanco del Ministerio Fiscal, al Presidente del Congreso, Jesús Posada
