En ONU urgen a detener inmediatamente violencia contra civiles en Siria

En ONU urgen a detener inmediatamente violencia contra civiles en Siria

Un grupo de expertos en derechos humanos urgió hoy nuevamente al gobierno de Siria a poner fin inmediatamente a las estrategias violentas que ha adoptado para sofocar las manifestaciones pacíficas de civiles que tienen lugar en el país. En un comunicado, los expertos de la ONU advirtieron la gravedad de esta escalada de violencia y afirmaron recibir continuamente denuncias de uso sistemático de la fuerza, tortura, desapariciones, arrestos arbitrarios y detenciones, ataques a activistas de derechos humanos y limitaciones a las libertades de expresión y asamblea.

Agregaron que el gobierno sirio no puede actuar impunemente en perjuicio de las garantías fundamentales de sus ciudadanos e instaron a las autoridades a emprender un diálogo pacífico con la población.

“El uso indiscriminado de artillería pesada contra los manifestantes es injustificable. Ningún Estado puede usar su fuerza militar contra la población civil desarmada independientemente de la situación en el terreno”, apuntó el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns.

Agregó que los asesinatos que han resultado de esta represión constituyen ejecuciones arbitrarias y que son condenables según las leyes internacionales.

Por su parte, el relator sobre tortura, Juan Méndez, señaló que Siria ha transgredido las normas internacionales contra tratos crueles y tortura, y sostuvo que los líderes de ese país deberán responder por sus acciones.

“Estamos convencidos de que el gobierno de Siria está deliberada y masivamente violando los derechos de las personas de las ciudades que se encuentran en estado de rebelión –pacífica sin embargo – contra las autoridades centrales del país”, dijo.

Estimó que en las últimas semanas ha habido unas 2.000 muertes.

Los otros expertos firmantes son Jeremy Sarkin, relator de desapariciones forzosas; El Hadji Malick Sow, de detenciones arbitrarias; Maina Kivi, de libertad de asamblea; Frank La Rue, de libertad de expresión; y Margaret Sekaggya, de activistas de derechos humanos.

 

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