La Confederación Hidrográfica nos ha confirmado a la Coordinadora Ecoloxista que ha incoado nuevamente expediente sancionador a la cantera de la Javariega, ubicada en la localidad de Meré, en el concejo de Llanes, por las irregularidades ambientales cometidas de forma continua en el cauce del rió Bedón-Las Cabras
Hoy mismo ha sido noticia el archivo de las diligencias de investigación por la Fiscalía de Medio Ambiente por nuestra denuncia por el vadeo del río Bedón-Las Cabras con maquinaria pesada para el acceso en la cantera de la Javariega, al no apreciar relevancia penal en los hechos.
Los hechos se remontan al 10 de febrero de 2003, cuando ya la Patrulla del SEPRONA de Panes cursó denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Dicha denuncia deparó en la calificación de los hechos como infracción LEVE por la propia Administración Pública competente en la materia y se sancionó a la Industria con una multa de 240,40 euros por la realización del vadeo con maquinaria pesada sobre el cauce del río Bedón-Las Cabras en el año 2004. No es de extrañar que la mercantil denunciada persista hasta la actualidad en su actitud de proceder al vadeo del río sin cumplir con su obligación de la construcción de un puente impuesta en el proyecto presentado de acondicionamiento ambiental de los accesos a la explotación.
A la Coordinadora Ecoloxista como denunciante le dijo la Dirección General de Minería le dijo por escrito en 2010 que la construcción del puente estaba “en fase de ejecución del proyecto”. Sin embargo a día de hoy no se ha iniciado obra alguna, por lo que se entendió por la Asociación denunciante que el funcionario autor de la frase entrecomillada en documento público había incurrido en un delito de falsedad documental. Frente a tal evidencia, el Fiscal de Medio Ambiente ha entendido que dicha ejecución de la construcción del puente para suprimir el vado a través del cauce del río, tuvo su comienzo con la presentación del proyecto, en diciembre de 2009, y que, por tanto, no miente el funcionario cuando nos dice que “está en fase de ejecución”, a pesar de que han transcurrido más de cuatro años sin que se haya puesto la primera piedra de la obra que salvaría a las comunidades fluviales de la agresión directa y flagrante de que es objeto, con el consiguiente daño medioambiental que, si bien se viene produciendo por el paso de maquinaria pesada sobre el río, no es menos gravoso que este cauce se llene con materiales ajenos al mismo con pretensión de soportar el peso de los camiones, lo que supone un vertido de escombros en el cauce ilegal y en todo caso una obra cuya destrucción por la fuerza de las avenidas puede ocasionar daños a personas y bienes.
Que tal actividad tiene efectos nocivos sobre el cauce del río Bedón-Las Cabras y su caudal es algo que la incoación de sucesivos expedientes sancionadores ya constata, por lo que tal cuestión ya ha superado el juicio hipotético sobre su potencialidad lesiva y el peligro al que se somete el equilibro del ecosistema natural, pues no se ha de olvidar que la empresa está obligada a cumplir con las exigencias del acondicionamiento medioambiental que obliga a la construcción del referido puente, y dicho instrumento no hace sino definir y concretar la forma en que la industria debe realizarse de forma que garantice la protección de la flora y de la fauna, y esta resolución viene siendo vulnerada al concederse a la empresa sucesivas prórrogas, de forma que la última resolución, de fecha 7 de octubre de 2013, establece nueva fecha para la finalización de las obras el 30 de junio de 2014, y a la vista está que nuevamente no se cumplirá, pues el puente no ha comenzado a construirse a día de hoy.
El daño al medio ambiente se está materializando de forma continua en el cauce del río Bedón-Las Cabras, y del mismo es responsable tanto el que directamente lo ocasiona como quienes, teniendo la misión técnica de verificar las condiciones de la autorización, las omiten, esto es, los funcionarios que no realizan la inspección o lo hacen silenciando la infracción de las normas reguladoras, incumpliendo su función fiscalizadora y garante. Con referencia a esta última conducta delictiva, se ha de añadir, en palabras del Tribunal Supremo, que el daño queda, además, constituido por la quiebra que, en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas deban merecerle, porque, como custodios de la legalidad, son los primeros obligados, y esta quiebra produce efectos devastadores en la ciudadanía, pues nos hace pensar en cuántos casos sin esclarecer se pueden estar dando en Asturias, en los que se han silenciado infracciones con ocasión de las inspecciones o en los que ni siquiera se realizan dichas inspecciones.
