Ingenieros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han demostrado que un modelo de transporte basado en vehículos eléctricos sería rentable en la ciudad de León, donde se podría reducir el déficit de tarifa más de un 43% en 2020. Aunque el estudio contempla pequeñas subidas de determinados impuestos, los consumidores, el Estado y los demás agentes del sistema eléctrico ganarían en rentabilidad, al reducir su dependencia del petróleo.
El déficit de tarifa –la diferencia entre los ingresos y costes del sistema eléctrico– es uno de los problemas más graves que arrastra el sector eléctrico español desde 2003. Más allá de las medidas que los diferentes gobiernos han ido tomando y que no han conseguido hacerlo desaparecer, investigadores del departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han diseñado un modelo, basado en la generalización del vehículo eléctrico que conseguiría reducir este déficit entre 43,5% y un 47,1% en la ciudad de León en 2020.
“Nuestro trabajo demuestra que un modelo de transporte sostenible basado en los vehículos eléctricos es rentable y asegura un beneficio económico para todos los actores implicados en el sistema eléctrico: empresas generadoras, comercializadoras, propietarios del vehículo eléctrico y el propio Estado”, explica Antonio Colmenar-Santos, autor principal del estudio.
"Un modelo de transporte sostenible basado en los vehículos eléctricos es rentable", asegura Colmenar-Santos
Para diseñar el modelo, que se publica en la revista Energy, los ingenieros han partido de un escenario situado en 2020-2030, donde han tenido en cuenta la penetración prevista del vehículo eléctrico, las estimaciones de evolución del parque automovilístico de León, la evolución de la inflación –según el Fondo Monetario Internacional–, la evolución del precio del petróleo –que fija el Departamento de Energía de Estados Unidos– y las previsiones del consumo energético del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Además, puesto que uno de los grandes frenos para la expansión del vehículo eléctrico es la pérdida de ingresos por impuestos de hidrocarburos para el Estado, los investigadores han propuesto varias modificaciones impositivas. “La repercusión al consumidor sería mínima e incluso positiva ya que dejaría de abonar impuestos por otras vías, fundamentalmente impuestos por hidrocarburos que, actualmente, suponen aproximadamente el 50% del coste de los combustibles”, asegura Colmenar-Santos.
De esta forma, el modelo contempla incrementar el impuesto de la electricidad hasta el 4,93% y crear una tasa de transacción Vehicle to grid –del vehículo a la red–, que servirá para que reciba dinero tanto la comercializadora como el propietario del vehículo ‘verde’ por la venta de la electricidad a las compañías eléctricas.
También propone un aumento de peajes del 1% y pequeños incrementos de los impuestos de matriculación y tracción de vehículos a motor, para financiar los puntos de carga de los vehículos eléctricos. “Así se garantiza la rentabilidad para todos los actores”, subraya David Borge-Díez, otro de los autores del estudio.
Costes amortizados para Estado y consumidores
Junto a esta rentabilidad, el trabajo revela los beneficios ambientales que traería consigo la generalización del vehículo eléctrico. Las emisiones de dióxido de carbono de León en 2020 se reducirían 5.862 toneladas que, trasladadas al mercado de emisiones, generarían unos beneficios cercanos a los 100.000 euros tras su venta. En cuanto al crudo, se estiman ahorros de 41.879 barriles de petróleo para ese mismo año.
Las emisiones de dióxido de carbono de León en 2020 se reducirían 5.862 toneladas según el modelo
Por otra parte, el uso de las redes inteligentes, vehículos eléctricos y políticas retributivas adecuadas “conlleva que la energía almacenada en las baterías de los vehículos eléctricos pueda inyectarse en los picos de consumo, generando un mejor equilibrio del sistema eléctrico”, afirma Pedro Miguel Ortega-Cabeza, otro de los firmantes del artículo.
Con estas medidas el Estado recuperaría la inversión realizada para adquirir autobuses y taxis eléctricos y para instalar puntos de recarga. Además, el consumidor amortizaría también el coste de la batería de su vehículo, al obtener ingresos por ceder su energía a la red. “Los beneficios medios por usuario, una vez recuperado el coste de la batería, se estiman en más de 7.000 euros”, calcula Ortega-Cabeza.
Las ventajas de León
La elección de León para diseñar el modelo no fue casual. Su tamaño (inferior a 200.000 habitantes), su plan de movilidad –que ocupó el segundo puesto en el Premio Europeo de Movilidad 2012– y su casco histórico limitado al tráfico influyeron decisivamente en los ingenieros de la UNED.
Además, el hecho de que albergue una red eléctrica inteligente (Smart Grid), que permite gestionar la energía eléctrica absorbida y cedida en la red, actuó a su favor. “Tenemos previsto presentar los resultados a diferentes autoridades de Castilla y León”, adelanta Borge-Díez.
Mientras tanto, los investigadores trabajan para extender el modelo a ciudades más grandes, como Madrid y Barcelona, verificando su viabilidad punto por punto, puesto que cada núcleo urbano necesita su propio modelo de transporte.
FOTO: El modelo contempla medidas para financiar los puntos de carga de los vehículos eléctricos / Rosapolis (CC BY-NC-SA 2.0).
