Madrid/Oviedo.-CCOO de Industria ha acudido esta mañana al Ministerio de Industria en busca de soluciones a la delicada situación de los trabajadores y trabajadoras de la minería del carbón, pero sus reivindicaciones no han sido atendidas. A la ausencia del secretario de Estado en la reunión de la comisión de seguimiento, se ha sumado la sensación de que el encuentro ha sido una auténtica pérdida de tiempo. La actitud del Ejecutivo confirma que se pretende llevar a las comarcas, a las empresas mineras y a sus trabajadores y trabajadoras, a una situación que podría ser irreversible.

"El Ministerio de Industria vuelve a burlarse de los trabajadores y trabajadoras de la minería del carbón. En la segunda reunión de la comisión de seguimiento, que se ha celebrado esta mañana en la sede del Ministerio de Industria, el responsable político del plan ha estado ausente y ha delegado en otros la responsabilidad de solucionar la delicada situación del sector".

CCOO de Industria ha denunciado que, seis meses después de que el Ministerio de Industria, Carbunión y las organizaciones sindicales firmasen el Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018, no se ha cumplido absolutamente nada de lo pactado. Denuncia que ha servido para poner en evidencia que la Secretaría de Estado de Energía lo único que pretende es retrasar la puesta en marcha de iniciativas políticas y llevar a los trabajadores y a las comarcas mineras a un callejón sin salida.

CCOO de Industria ha exigido que se desarrolle de inmediato la normativa que emana del marco de actuación y el ministerio ha vuelto a poner en evidencia que no hará ningún esfuerzo para exigir el cumplimiento de la resolución de restricciones por garantía de suministro. En estos momentos, hay empresas que no han suministrado cantidad alguna de carbón en lo que llevamos de año, por imposición de las compañías eléctricas, y hay otras que se han visto obligadas a paralizar la venta de este mineral. En la actualidad, el nivel de cumplimiento del real decreto se encuentra en el 20% de lo publicado en la resolución de 2014.

A esta batería de incumplimientos se suma la confirmación de que el real decreto de costes sociales, imprescindible para las empresas y para los trabajadores que se encuentran inmersos en procesos de cierre; y la normativa referente a las ayudas al impulso de las comarcas mineras, también tendrán que esperar. Lamentablemente, los municipios ligados a la extracción del carbón, y sus trabajadores y trabajadoras, tienen muy poco tiempo y se están agotando los plazos para la normalización del sector.