El abogado consistorial ratifica la legalidad en la operación de SEDES y considera sospechoso el valor de venta del hotel frente al de las oficinas del Principado.
Oviedo.-La comparecencia de esta mañana del abogado Consistorial en la Comisión de Investigación de Los Palacios sirvió para ratificar la legalidad de la operación de SEDES en Los Palacios, ya que, tal como afirmó Justo de Diego, no solo la venta de oficinas al Principado fue perfectamente legal, sino que la “operación se corresponde con el valor real del mercado, que fue fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas y que está avalada por informes técnicos externos de empresas de tasación inmobiliarias”.
Tal como destacaron el portavoz socialista, Alfredo Carreño, y la concejala Margarita Vega, miembros de la Comisión de Investigación por el PSOE, “esto demuestra hasta qué punto es ridícula la intención de algunos grupos políticos, especialmente el Partido Popular de tratar de distraer la atención y culpar a otros en el caso de la operación de los Palacios. La estrategia de Caunedo se desvanece”.
“Curiosamente, -destacan-, lo que sí le parece sospechoso al abogado consistorial es la venta del hotel por parte de Jovellanos XXI, a un precio muy por debajo del precio de ejecución y una empresa del grupo”.
Tras las declaraciones del abogado municipal, el PSOE considera que el PP vulneró la legalidad al no rescindir el contrato con Jovellanos XXI, ya que la Ley de Contratos exige que se rescinda un contrato cuando se producen variaciones superiores al 20 por ciento. “En este contrato, concretamente se pasó de 126 millones a una ejecución de 260 millones, es decir, se superó en el 106 por ciento. Y de igual forma, en el caso del Palacio de las Artes se pasó de 30 millones a cero, es decir desapareció.
Otra cuestión que no ha quedado clara para el Grupo Socialista es porqué en el año 2011, el Equipo de Gobierno, “en el que estaba el actual alcalde”, tardó más de 15 meses en pedir a la empresa la escritura de constitución de la hipoteca, a pesar de que la Junta de Gobierno se auto-exigía un seguimiento estricto y un control exhaustivo previo. Los socialistas no entienden como se puede hablar de mala fe por parte de la empresa y eludir la responsabilidad del Ayuntamiento en este aspecto.
