Mejorar la protección de las víctimas, asegurar la formación de todos los agentes implicados, aumentar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y mejorar la coordinación. Éstas son algunas de las medidas que han acordado hoy los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de Interior, Jorge Fernández Díaz y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la reunión que han mantenido en este último Ministerio, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional y evitar nuevos casos de violencia de género.
Los ministros han mostrado su más enérgica condena ante los últimos casos de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, ocurridos el pasado fin de semana en Tarragona y Jerez de la Frontera, que elevan a 21 las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año. También se ha confirmado el caso ocurrido en Fuenlabrada a finales del pasado mes de de febrero, que se encontraba en investigación debido a las circunstancias del suceso. Los tres ministros han coincidido en la necesidad de intensificar la lucha contra esta lacra, desde el diálogo y el consenso con todos los agentes implicados, y con el apoyo de toda la sociedad.
Entre las medidas que se han acordado en el encuentro, destaca la revisión del protocolo de valoración del riesgo por parte de las víctimas de violencia de género. Se establecerá un grupo de trabajo para mejorar la situación actual, que, en todo caso, incluirá planes personalizados para la protección de las víctimas. En este grupo se integrarán miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Instituciones Penitenciarias, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y Ministerio de Justicia.
El objetivo es tener constancia permanente de la situación en la que se encuentran las víctimas de mayor vulnerabilidad, y analizar las medidas y recursos que se encuentran a su disposición. Para ello, se actualizará el protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia contra la Mujer, incluyendo un nuevo cuestionario, con datos como la situación laboral de la víctima y su agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o el hecho de ser menor de edad o tener menores a su cargo, que, en todo caso, tendrán el mismo tratamiento que las mujeres, así como factores de peligrosidad del maltratador.
En la actualidad, alrededor de 46.000 casos de entre los valorados, no revisten riesgo a tenor de los protocolos establecidos. Por tal razón, y con el objetivo de mejorar el grado de cobertura que reciben estas mujeres, se revisarán periódicamente los casos de “riesgo no apreciado”. El sistema, que en la actualidad envía una alerta cada cuatro meses a las unidades, podría reducir este tiempo a tres meses para mejorar la vigilancia.
En cuanto a las víctimas, el objetivo es que estén informadas en todo momento de la situación penitenciaria de su agresor detenido. Por ello, se introducirá un nuevo apartado en el anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del delito. De este modo, se les notificarán las resoluciones que se refieran a la ejecución de la pena.
En este sentido, está prevista la interconexión entre los sistemas policiales de valoración del riesgo y la información de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El objetivo es informar a la víctima cuando se produzca un cambio en la situación penitenciaria del agresor, procediéndose a la correspondiente reevaluación del riesgo.
En todo caso, la víctima de violencia de género estará informada, de oficio, de las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria relacionadas con la ejecución de la condena de su agresor.
MEJORA DE LOS PROTOCOLOS Y MÁS COORDINACIÓN
También con el objetivo de perfeccionar la valoración urgente de los casos, los ministros han acordado mejorar los protocolos médico-forenses de valoración. De este modo, se impulsará la difusión entre las Comunidades Autónomas y los operadores jurídicos del “Protocolo Médico-Forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género”. Además, se elaborará e implantará un protocolo de valoración psicológica del riesgo de violencia de género en las unidades de valoración forense integral, dependientes de los institutos de Medicina Legal.
También se promoverá la progresiva integración de los equipos psicosociales en los institutos de Medicina Legal, dependientes del Ministerio de Justicia, y su formación. De hecho, otra de las medidas que se ha acordado es garantizar la formación especializada de estos equipos, a través del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y del Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia.
Asimismo, se mejorará la conexión entre Instituciones Penitenciarias y el sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género VIOGEN. También se adoptarán medidas para interconectar los sistemas de información y bases de datos de los Ministerios de Interior, Justicia, Servicios Sociales e Igualdad y de las Comunidades Autónomas. Los convenios con las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla y León se firmarán en las próximas semanas.
MÁS COMPETENCIAS PARA LOS JUZGADOS
Los juzgados de violencia sobre la mujer ampliarán, a través del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, su ámbito de competencia y conocerán delitos que corresponden actualmente a los juzgados de instrucción, de modo que, además de instruir delitos relativos a homicidio, lesiones o contra la libertad sexual y la integridad moral, conocerán los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen y contra el honor de la mujer, siempre que la víctima sea la pareja o expareja del presunto agresor. Por tanto, el nuevo delito incluido en la reforma del Código Penal, el ciberacoso (si se usa como violencia contra la mujer), y otros como injurias o revelación de secretos pasarán a formar parte del ámbito de actuación de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Asimismo, estas instancias judiciales podrán instruir procesos para exigir la responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento de medida cautelar o condena (incumplimiento de la orden de alejamiento) cuando la víctima sea la pareja o ex pareja del presunto autor o del condenado.
Por otra parte, se establece la obligación del juez de pronunciarse de oficio en la comparecencia de la orden de protección sobre la adopción de medidas civiles cuando existan hijos menores, o hijos con la capacidad judicialmente complementada dependientes de mujeres víctimas de violencia de género, con el objetivo de procurarles una mejor protección. Se trata de un avance respecto a la situación actual por cuanto los jueces asumían tal obligación si lo pedían las partes o el Ministerio Fiscal. Se llevará a cabo a través del Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia y del Estatuto Jurídico de la Víctima.
Del mismo modo, se estudiará, también en el marco del Estatuto de la Víctima, medidas para evitar la victimización secundaria de las mujeres que sufren violencia de género, en el seno del proceso judicial.
MEJORA DE FORMACIÓN E INSTRUMENTOS LEGALES
Los tres ministros han estado de acuerdo en la necesidad de trabajar en la formación de todos los agentes implicados. De este modo, se adoptarán las medidas para mejorar la formación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en violencia de género.
En cuanto a los agentes de Policías Locales, se impulsará definitivamente la integración de los agentes de Policía Local en VIOGEN a través de la suscripción de los correspondientes protocolos de integración. Para ello se prevé una reunión específica con la Federación Española de Municipios y Provincias.
La mejora de la formación de los jueces también está contemplada en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en una triple vertiente: primero, en las pruebas selectivas para el ingreso y promoción en la carrera judicial; segundo, en el plan de formación continua, por último, la realización de un curso específico será un requisito indispensable para acceder a una plaza como juez de violencia contra la mujer.
EMPLEO Y SENSIBILIZACIÓN
En cuanto a las medidas para buscar el apoyo de la sociedad y para ofrecer una salida a las víctimas que han conseguido dejar atrás su situación de maltrato, destacan las relativas al empleo y las campañas dirigidas a jóvenes.
Una de las medidas que se adoptará próximamente es la incorporación de las principales empresas públicas a la iniciativa “empresas por una sociedad libre de violencia de género”.
Asimismo, se impulsará el programa de inserción sociolaboral a mujeres víctimas de la violencia de género, fomentando la contratación de mujeres mediante la suscripción de convenios con empresas.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, asimismo, realizará este año la campaña de sensibilización. Hay Salida en prensa, radio televisión e internet dirigida especialmente a los jóvenes. En especial, se orientará a la detección de las primeras señales del maltrato y el uso responsable de las nuevas tecnologías.
Asimismo, se negociará con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la inclusión en el desarrollo curricular de Educación Secundaria de contenidos específicos sobre la prevención de la violencia de género. Asimismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propondrá a Educación promover los instrumentos para la detección temprana de casos de violencia de género en los centros escolares.
