Caracas.- Ante el irrespeto de las garantías constitucionales por parte del  Gobierno venezolano hacia dirigentes opositores, Amnistía Internacional  publicó un informe en el que concluye que Venezuela se encuentra frente a una gran amenaza al estado de derecho a raíz de las diversas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país.

En ese sentido, Voluntad Popular hace mención especial al caso del líder de la tolda naranja, Leopoldo López, quien tiene 44 días privado de libertad, en situación de aislamiento en la prisión militar de Ramo Verde y ha sido víctima de un proceso penal viciado.

El pasado 28 de marzo, la Corte de Apelaciones declaró sin lugar un recurso de apelación introducido por la defensa, quienes solicitaban la anulación de la audiencia de presentación realizada en Ramo Verde y  que fuese juzgado en libertad. Asimismo el Tribunal 16 de Control desestimó las pruebas y testigos presentados por sus abogados.

También la dirigencia de Voluntad Popular denuncia el intento de ilegalizar la organización política frente a la persecución iniciada hacia los líderes Carlos Vecchio y Antonio Rivero, quienes se mantienen en la clandestinidad. Además el alcalde Daniel Ceballos, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, fue condenado por desacato lo que conllevó a la destitución de su cargo y a 12 meses de prisión.

Igualmente sobre el burgomaestre de municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guárate, pesa una denuncia infundada por terrorismo en su jurisdicción.

A continuación la nota de prensa:

El informe, Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, documenta denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas manifestaciones que tuvieron lugar desde comienzos de febrero.

“El país corre el riesgo de caer en una espiral de violencia si no se dan los pasos adecuados para que las partes en conflicto establezcan un diálogo. Esto sólo puede ocurrir si ambas respetan los derechos humanos y el estado de derecho. Si esto no sucede, el número de víctimas va a continuar creciendo, con personas corrientes llevándose la peor parte,” ha dicho Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Hasta el momento, 37 personas han perdido la vida y más de 550 han resultado heridas, al menos 120 tras el uso de armas de fuego. Según datos publicados por la Fiscalía General el 27 de Marzo, 2,157 personas fueron detenidas durante las protestas. La gran mayoría han sido liberadas pero continúan enfrentando cargos.

De acuerdo a información recibida por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad del país han recurrido al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego, y hasta han torturado a manifestantes.

El informe también documenta abusos a los derechos humanos cometidos por grupos progubernamentales, manifestantes e individuos no identificados.

“Todas las acusaciones de violaciones y abusos a los derechos humanos tienen que ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva y los responsables deben comparecer ante los tribunales (...) La crisis política amenaza con socavar cualquier progreso hecho en los años recientes en lo que respecta a los derechos de las personas más marginadas del país,” ha asegurado Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno venezolano para que se comprometa a desarrollar un Plan Nacional de Derechos Humanos. El plan debería ser el resultado de un diálogo nacional e incluir a todos los partidos y a la sociedad civil.

“El Gobierno y la oposición deben comprometerse a utilizar medios pacíficos para resolver la crisis política y mandar un mensaje claro a sus partidarios de que no van a tolerar el uso de la violencia ni la retórica de confrontación que pueda incitar a la violencia. La comunidad internacional, incluyendo los países vecinos, debe fomentar el diálogo constructivo en el país,” ha concluido Erika Guevara Rosas.

Información adicional

El 19 de Febrero, Geraldine Moreno, una estudiante de 23 años, participó en una manifestación en la ciudad de Valencia. Un oficial de la Guardia Nacional presuntamente disparó una escopeta de balas de caucho en su cara desde una distancia de apenas 30 centímetros. Geraldine murió en el hospital tres días después.

Daniel Quintero, un estudiante de 21 años, fue detenido por oficiales de la Guardia Nacional después de haber participado en manifestaciones en contra del gobierno en la ciudad de Maracaibo el 21 de Febrero. Fue golpeado repetidamente y dice que un comandante de la Guardia Nacional amenazó con quemarlo vivo.