La futura Ley Orgánica incluye entre los aforados a la reina y a los príncipes de Asturias, lo que en opinión del ministro, "no es un privilegio", sino un instrumento para aumentar la seguridad jurídica", que se reconoce atendiendo al ejercicio efectivo de "funciones de Estado".
Madrid.-El Gobierno ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene como objetivo agilizar la justicia adaptando las estructuras existentes a la realidad económica, social y jurídica del siglo XXI.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que estamos ante el proyecto de Ley más importante que aborda su Departamento en esta Legislatura. "No es una reforma, es una ley nueva, es la tercera Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene nuestro país desde la Constitución de 1812", ha precisado.
Ruiz-Gallardón ha señalado que el Ejecutivo ha debatido de forma "intensa y extensa" el borrador de la futura norma durante dos años con los sectores implicados, partiendo de la insatisfacción de los ciudadanos con el servicio público de la administración de justicia por el elevado tiempo de respuesta a sus demandas. En este sentido, ha manifestado que "una sociedad tiene que tener un sistema ágil para resolver los conflictos tanto de los ciudadanos entre sí como de estos con las administraciones públicas".
Objetivo
El ministro ha destacado que aumentan las garantías de independencia judicial. Cualquier juez que tenga una "perturbación externa podrá solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial". Además, si un juez se siente "gravemente inquietado" puede solicitar que los asuntos que le correspondan sean llevados o enjuiciados por un colegio de tres jueces "para dificultar cualquier presión desde fuera".
Otra novedad es que se refuerza el papel del Tribunal Supremo, mediante la denominada doctrina jurisprudencial vinculante para los tribunales inferiores. La enorme ventaja, según Ruiz-Gallardón, es que, una vez que el Supremo haya establecido que en determinados asuntos su doctrina jurisprudencial es vinculante, habrá una previsibilidad de respuesta de los órganos inferiores, lo que tendrá como consecuencia positiva la reducción de la litigiosidad. "Nadie se mete en un pleito si sabe que la respuesta que le va a dar un tribunal va a ser negativa", ha dicho.
El titular de Justicia también ha destacado que se refuerza el recurso de casación ante el Tribunal Supremo para evitar resoluciones contradictorias. A partir de la entrada en vigor de la ley, este tribunal podrá resolver sobre cualquier sector del ordenamiento jurídico.
Alberto Ruiz-Gallardón ha resaltado el avance en la profesionalidad de la justicia. Al respecto, ha defendido que la justicia sea impartida por jueces profesionales y ha añadido que "la justicia interina no puede de ninguna forma institucionalizarse". El ministro ha explicado que la futura ley contempla una reforma importante de la carrera judicial. El modo normal de ingreso seguirá siendo la oposición libre, pero se suprimen las categorías judiciales.
En cuanto a la organización judicial, que es otra de las grandes novedades, se estructura en Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunales Provinciales de Instancia. Desaparecen los jueces de paz, aunque se mantienen los Juzgados de Paz, que se convertirán en punto de acceso a los terminales de los Registros Civiles.
En relación con los nuevos tribunales de instancia, el ministro ha avanzado que "abarcarán a todos los órganos jurisdiccionales, tendrán una circunscripción provincial, su sede oficial se fijará en la capital de provincia pero no supondrá la desaparición de ningún juzgado en España".
La futura Ley Orgánica incluye entre los aforados a la reina y a los príncipes de Asturias, lo que en opinión del ministro, "no es un privilegio", sino un instrumento para aumentar la seguridad jurídica", que se reconoce atendiendo al ejercicio efectivo de "funciones de Estado".
