El PE ha respaldado este jueves un proyecto de ley que fija límites a las comisiones bancarias aplicadas a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y de débito. La propuesta busca reducir las tasas que los bancos cobran a los comerciantes por los servicios de pago y que ocasionan un aumento del precio final para el consumidor. Según la CE, estas comisiones suponen un coste de 10.000 millones de euros al año para los comerciantes europeos. El ponente es el español Pablo Zalba (PPE).

Los consumidores suelen desconocer las tasas abonadas por los comerciantes por los servicios de pago que utilizan. Además, estas comisiones varían considerablemente dependiendo del Estado miembro, ya que no se aplican por ley, sino que son las autoridades nacionales de competencia las que las determinan.

"Los consumidores deben saber en todo momento cuánto pagan por el uso de su tarjeta de crédito al adquirir un producto", aseguró Zalba en el debate celebrado el lunes por la noche. "El objetivo de esta propuesta es contribuir al desarrollo de un mercado de pagos a escala de la UE que permita a consumidores, minoristas y otras empresas aprovechar plenamente los beneficios del mercado interior de la Unión Europea", añadió.

Comisiones más bajas y claras para los consumidores

El Parlamento Europeo respalda el límite del 0,3% propuesto por el ejecutivo de la UE para las transacciones con tarjeta de crédito. Sin embargo, en el caso de los pagos realizados con tarjeta de débito, los eurodiputados sitúan el tope de las comisiones bancarias en el 0,2%, como planteó el ejecutivo comunitario, o en 7 céntimos de euro, "el que resulte más bajo". Estos topes se aplicarían tanto a las transacciones nacionales como a las internacionales realizadas dentro de la UE.

Además, la Eurocámara aboga por establecer un plazo único de un año desde la entrada en vigor del reglamento para la imposición de estos límites. La Comisión había propuesto un periodo de transición de 22 meses en el que estas normas se aplicarían únicamente a las transacciones internacionales, y no a las realizadas dentro de un Estado miembro.

Los diputados subrayan que, a medio plazo, estas medidas deberían traducirse en una reducción de los precios finales para los consumidores. En la actualidad, no existe ningún tipo de legislación en la UE que regule las comisiones bancarias.

Seguridad de los pagos por internet

El Parlamento Europeo también ha votado este jueves una reforma de la legislación actual sobre los servicios de pago cuyo objetivo es reforzar la seguridad de las transacciones realizadas a través de internet. Las nuevas normas garantizarían una información más clara sobre los derechos y las obligaciones de los consumidores, los plazos de ejecución del pago, los datos de contacto y el cobro de comisiones.

Además del número cada vez mayor de pagos efectuados mediante tarjetas de débito o de crédito, la expansión del comercio electrónico y la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes han dado paso a nuevos medios de pago. La propuesta legislativa busca erradicar la fragmentación del mercado europeo en este ámbito. Además, introduce requisitos de gestión del riesgo y de notificación de incidentes que puedan poner en peligro la seguridad del pago o la protección de los datos personales.

En caso de pagos no autorizados, los eurodiputados proponen que la empresa proveedora devuelva al consumidor el importe de la transacción en un plazo de 24 horas. En los casos de pérdida o robo de una tarjeta de crédito, por ejemplo, los clientes solo se responsabilizarían de una suma limitada que no podría superar los 50 euros.

Elección del servicio de pago

Las nuevas normas también dan mayor libertad al consumidor para elegir el servicio de pago que mejor se adapte a sus necesidades. Asimismo, los proveedores de servicios de pago estarían obligados a publicar el coste real de sus actividades, de forma que el usuario pueda elegir la empresa menos costosa.

Próximos pasos

La Eurocámara ha aprobado un conjunto de enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea, pero ha aplazado el voto formal en primera lectura para empezar a negociar con los Estados miembros en la próxima legislatura.