Guillermo Martínez participó hoy en una reunión con el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Unión Europea, László Andor, a la que han asistido también representantes de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón

El portavoz del Gobierno confía en que la Estrategia 2020 aborde problemas como la pérdida de población y el envejecimiento

Bruselas.-El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha reclamado hoy en Bruselas que los retos demográficos a los que se enfrentan las regiones influyan en los criterios de reparto de fondos europeos a partir de 2016. A su juicio, resulta imprescindible corregir los aspectos que no aborda en estos momentos la Estrategia 2020, que incluye diferentes medidas para fomentar la competitividad, pero no se detiene en problemas como el envejecimiento o la despoblación, que afectan a un tercio de las regiones de la Unión Europea.

El portavoz del Gobierno ha participado esta tarde en una reunión con el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Unión Europea, László Andor, a la que también han asistido la consejera de Bienestar y Trabajo de Galicia, Beatriz Mato; el consejero de Política Territorial e Interior de Aragón, Antonio Suárez; el consejero de Administración Pública de Extremadura, Pedro Nevado-Batalla; la consejera de Empleo y Economía de Castilla La Mancha, Carmen Casero, y la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de Castilla y León, María de Diego. En el encuentro, las seis comunidades autónomas se han comprometido a trasladar a la Unión Europea sus propuestas en relación con la Estrategia 2020.

Previamente, también se ha celebrado una reunión con todos los grupos del Parlamento Europeo en el que las seis comunidades han reclamado sensibilidad ante un problema que perjudica a muchas regiones. “No es un problema español, sino europeo, que afecta tanto a países contribuyentes netos como a países receptores de ayudas y que, por tanto, no tiene que ver directamente con la situación económica; ese sería un análisis muy simple”, ha advertido el titular de Presidencia.

Los representantes de las seis autonomías han trasladado al comisario de Empleo la necesidad de que la Unión Europea se implique en la estrategia que han diseñado para frenar el declive demográfico y lograr que variables de población como el envejecimiento, la baja densidad y la dispersión de habitantes tengan mayor peso en el futuro modelo español de financiación autonómica. “También hemos insistido en la necesidad de mantener unos servicios públicos de calidad, que tienen un coste muy distinto en función de las condiciones de la población y la configuración territorial”, ha apuntado Guillermo Martínez.

En este sentido, el titular de Presidencia ha recordado que el envejecimiento de la población afecta a toda la Unión Europea, donde el porcentaje de mayores de 65 años pasará del 17% registrado en 2010 al 30% que se estima para 2060. En ese mismo período de 50 años se prevé un incremento del gasto público de 2,7 puntos porcentuales del PIB en atención sanitaria y en cuidados de larga duración.

Además, ha subrayado que Asturias se adhirió a la Red Europea de Regiones para los Desafíos Democráticos el 23 de julio de 2013 y que desde el inicio de la legislatura se ha implicado en diferentes foros comunitarios para buscar salidas a la situación actual. El propio Comité de las Regiones reclamó el pasado mes de noviembre que la crisis demográfica y el envejecimiento de la población se tengan en cuenta en el reparto de los recursos comunitarios del nuevo marco financiero 2014-2020.

En los últimos años, el Principado ha ido perdiendo población al tiempo que el colectivo de mayores de 65 años ha ido aumentando. Actualmente, la media de edad es de 45 años y el índice de envejecimiento se sitúa en un 197%, lo que supone que por cada 100 niños menores de 16 años hay 97 personas mayores de 64.

Guillermo Martínez ha apuntado que, en este contexto, cualquier reto demográfico debe incorporar la perspectiva de género para compensar la disminución de la población activa y estimular el empleo de las mujeres, en particular en zonas rurales e industriales afectadas por la pérdida de población. Esta línea de actuación ya está recogida en el Plan de Igualdad aprobado en 2012, que incorpora un eje estratégico para favorecer la formación empresarial y la creación de puestos de trabajo en el medio rural.