La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, interviene en la Junta General para informar a los grupos políticos sobre el proyecto de ley
Oviedo.-La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, aseguró hoy que la creación del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales traerá consigo un ordenamiento en el ejercicio de la profesión y mayores garantías para los ciudadanos que demanden los servicios que prestan estos trabajadores. Carcedo ha intervenido hoy ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado para informar sobre el proyecto de ley de creación de este colegio profesional, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de enero. “La creación de un colegio profesional puede resultar no solo conveniente sino necesaria para responder a los intereses de los futuros colegiados pero también a unos fines públicos”, aseguró la consejera.
Carcedo destacó que los educadores sociales ejercen una actividad ligada a un derecho fundamental como es el de la educación y trabajan con sectores desfavorecidos, por lo que se deben poner todos los medios para prestar un adecuado servicio a través de los mejores profesionales. “La creación de un colegio es un paso más para garantizar el nivel profesional en unos servicios que nos preocupan a todos”, indicó Dolores Carcedo.
El proyecto de ley establece, entre otras cuestiones, los requisitos que deben reunir los profesionales para colegiarse. Los diplomados en Educación Social o con el correspondiente título de grado podrán integrarse en el colegio, al igual que aquellos que cuenten con una titulación homologada obtenida en el extranjero.
También podrán colegiarse quienes dispongan de estudios específicos de al menos tres años en el ámbito de la educación social y cuenten con una experiencia profesional de once años. Igual ocurrirá con aquellos que cuenten con titulación universitaria de grado medio o superior y que también hayan trabajado once años en el sector. En ambos casos, los estudios deberán haberse iniciado antes del curso académico 1995-1996 y los años de experiencia deberán ser anteriores a la entrada en vigor de la ley y al menos tres de ellos anteriores al 1 de enero de 2005.
Finalmente, también podrán colegiarse las personas que, no contando con formación universitaria, justifiquen al menos 17 años de experiencia en el ámbito de la educación social, que también deberán ser previos a la entrada en vigor de la ley y ocho de ellos anteriores al 1 de enero de 2005.
Todos ellos tendrán un plazo de 18 meses para acreditar su formación y experiencia a partir de la entrada en vigor de la ley, que se producirá a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
