DCU es una asociación de jóvenes abogados asturianos especializados en diversos ámbitos que se ha constituido recientemente. El objetivo de la asociación es la defensa de los intereses económicos de los consumidores y usuarios en el marco del RD 1/2007 que regula a este tipo de entidades.

Nuestra intención primigenia era la de asesorar a nuestros potenciales asociados aprovechando la red de centros sociales que gestiona el Consistorio para acercar nuestros servicios a la ciudadanía y a los barrios. Una vez cerrados los acuerdos necesarios con el ente municipal para poder desarrollar nuestra actividad, deseábamos concertar encuentros individuales con todos los agentes sociales, prensa incluida, para presentar y explicar nuestro proyecto concreto.

Lamentablemente, los acontecimientos no se han producido exactamente como teníamos planeado y nos vemos obligados a denunciar dos actitudes del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento que afectan directamente a nuestras actividades de contenido social y por tanto a todos los ciudadanos de nuestra querida ciudad.

Así pues, el motivo de esa misiva no es otro que denunciar públicamente la actitud del Ayuntamiento de Oviedo, en este caso representado por la edil doña María Trinidad Covadonga, que se ha negado en rotundo a colaborar de cualquier forma con nuestras actividades o las de cualquier otra asociación con los mismos fines.

Concretamente solicitábamos el uso de los centros sociales para desarrollar labores de información y asesoramiento a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos en cuanto a consumidores porque creemos firmemente que sólo una persona informada es una persona libre y que las decisiones correctas de consumo, en las sociedades actuales, redundan en el beneficio colectivo fomentando el desarrollo de empresas competitivas y un crecimiento económico sostenido y sostenible.

Sin embargo nos hemos topado con que, por un conflicto competencial en relación a la nueva Ley de Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento de Oviedo ha decido presionar al Principado cortando toda actividad en materia de consumo.

Lamentablemente, obtuvimos varias respuestas por su parte que son el objeto de esta denuncia y que paso relatar:

-  Primeramente nos afirmó que, en el marco de la implementación de la nueva Ley de Bases del Régimen Local, que desposee a los Ayuntamientos de competencias en materia de consumo, han optado por “meter en un cajón” todas las reclamaciones de las  que es responsable el consistorio y que fueron interpuestas antes de la entrada en vigor de la citada ley. Asimismo, no han cerrado el registro, por lo que continúan entrando reclamaciones que son directamente introducidas en el cajón desastre en el que se está convirtiendo su concejalía. Independientemente de los problemas competenciales que puedan surgir a la luz de esta nueva ley, es absolutamente intolerable este comportamiento por parte del Ayuntamiento. Es de esperar de una administración pública que tome el impulso necesario para resolver los problemas de sus ciudadanos y no que tome esta actitud pasiva existiendo un riesgo grave de que prescriban las acciones de los derechos de los consumidores reclamantes. En ese caso, en cuanto asociación interesada en promover la defensa de los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, no podemos consentir que se menoscaben dichos intereses de la ciudadanía ovetense por una actuación negligente e irresponsable del ente local, ya que un problema competencial no puede servir como excusa para desproteger los legítimos derechos de los consumidores, dejando inactivas sus reclamaciones ante la administración sin que ésta les informe de la situación de paralización en la que se encuentran sus reclamaciones. Por lo que no les quepa la menor duda de que se tomarán por nuestra parte cuantas acciones legales sean necesarias contra el Consistorio y contra la persona concreta responsable.

-  En segundo lugar se nos informó de que, como el Ayuntamiento no tenía competencias en consumo, no podía poner a nuestra disposición los centros sociales solicitados, por lo que nos estaba absolutamente vetado su uso. Esto es una perogrullada gigantesca, pues los centros sociales si son competencia del Ayuntamiento. Tristemente la concejala no es capaz de distinguir esto y se desentiende de las responsabilidades que le hemos cedido todos para el desarrollo y fomento de este tipo de actos.

En definitiva, el Consistorio ha decidido unilateralmente no tramitar las reclamaciones de sus ciudadanos en materia de consumo y no ayudar a las asociaciones que defienden los derechos de los consumidores y usuarios como medida de presión para que el Principado aclare y concrete la aplicación de la nueva ley. Es decir, que los problemas de coordinación política los paguen directamente los habitantes de Oviedo a los que instrumentaliza como arma de negociación. Por tanto, al final, los que pagan el pato son los ciudadanos cuando precisamente los poderes públicos deben estar para todo lo contrario.

No obstante, no extraña esta actitud del ente municipal pues es consabida la poca disposición que han mostrado siempre a colaborar en este tipo de materias y es que todos conocemos la ideología supuestamente liberal del partido que gobierna. Acostumbran a negar y menospreciar la especificidad del derecho de consumo o del derecho laboral argumentando la libertad absoluta a la hora de contratar y poniendo en duda con medias verdades siglos de conocimiento científico-legal. Porque es iluso y malintencionado hacernos creer que cuando trabajas para sobrevivir y mantener a los tuyos o cuando estás obligado a tener una cuenta bancaria para actuar en el tráfico económico o a firmar un contrato de suministro para tener calefacción o agua potable se es verdaderamente libre y he ahí el fundamento último de la especial protección que debe recibir este tipo de contratación.

Tiene el empresario, en este tipo de supuestos y en muchos otros, una posición de superioridad material que sólo puede vencerse a través una especial tutela de los intereses de los consumidores y así se ha consolidado un importante consenso social que se materializa en la profusa legislación que existe en esta materia tanto a nivel autonómico como nacional y comunitario.

Pero es una decisión política meditada y natural teniendo en cuenta su ideología, de fachada seudocientífica liberal pero en realidad profundamente conservadora en el sentido tradicional de perpetuar el status quo y los privilegios de los de su clase.

Lo cierto es que por la actitud consciente del Ayuntamiento seguimos pagando los de siempre. Pero no podrán con la ilusión de nuestro colectivo que buscará el apoyo de las asociaciones de vecinos con locales propios para el desarrollo de nuestra actividad mal que le pese al Consistorio y a sus actuales representantes.

Nos hemos puesto en contacto igualmente con todos los grupos políticos con representación el Consistorio para que lleven a cabo cuantas iniciativas sean pertinentes en el marco de sus responsabilidades, para poner remedio a esta situación por el bien de todos nuestros vecinos.