La consejera Ana González asegura que Asturias minimizará los efectos negativos de la ‘Ley Wert’
Asturias.-La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González, ha asegurado hoy que el Principado busca un sistema para regular las listas de aspirantes a interinidad que permita que permanezcan los profesionales que formen parte del sistema, pero también que dé paso a los nuevos titulados. La consejera ha realizado estas declaraciones antes de asistir a la conferencia de la arquitecta Marta Rodríguez, en la sede de Gijón del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.
La responsable de Educación ha pedido a las organizaciones sindicales un esfuerzo negociador y ha dicho que hasta la fecha el esfuerzo ha sido solo de la administración. “Queremos un sistema que contemple las dos realidades: la gente que ya está en las listas de profesorado interino y la gente que quiere incorporarse”, ha señalado.
En este sentido, ha recordado que cada curso escolar se gradúan 600 personas de Educación Primaria e Infantil; 180 de Secundaria acaban el máster en Formación del Profesorado y 50 de Profesorado técnico de Formación Profesional.
En cuanto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha asegurado que Asturias ya está dando los primeros pasos para minimizar los efectos negativos de la normativa. Así, ha recordado que el Principado blindará la asignatura de Educación Artística, que tendrá carácter obligatorio para el alumnado de Primaria, mientras que la LOMCE posibilita que se oferte en un combo de cuatro asignaturas.
Con la aplicación de la ‘Ley Wert’ -ha añadido- podría ocurrir que un estudiante de Primaria no estudiara nunca Educación Artística. La consejera ha insistido en que la LOMCE es una Ley Orgánica de carácter básico y, por tanto, de obligado cumplimiento: “En un Estado democrático la petición de insumisión no es positiva, no puedo obviar que el Partido Popular ha ganado las elecciones, y que ha aprobado una ley contra la que estoy firmemente en contra”.
No obstante, ha señalado que actuará en aquellos aspectos en que haya margen legal y ha apuntado que su departamento está estudiando todos aquellos documentos facilitados tanto por las organizaciones sindicales, como por colectivos de profesorado y familias.