Una vez que el periodo de consultas del ultimo ERE presentado por SEDES, ha finalizado sin alcanzar acuerdo, y lamentando esta Asamblea la poca o nula voluntad de la dirección por atender a los requerimientos mínimos solicitados por la plantilla y  salvaguardar el empleo en la medida de lo posible, la  empresa, que no ha aclarado en ningún momento el criterio de las extinciones e incluso se ha saltado la garantía de permanencia de algún representante sindical, ha mostrado su lado mas inflexible y ha dejado patente su intención de liquidar una sociedad, patrimonio de todos los asturianos.

Durante el periodo de consultas se ha negado a facilitar  a la parte social de la negociación la documentación requerida por varias vías para el correcto estudio del expediente; y por tanto y en aras de esclarecer (no solo como trabajadores, sino como asturianos) cual ha sido el funcionamiento de nuestra empresa durante los últimos años la Asamblea de trabajadores, por mayoría, ha decidido recurrir a la justicia y de esta forma , ha interpuesto en la mañana del martes 25 de marzo de 2014, una denuncia ante el juzgado de guardia de Oviedo, contra los particulares y entidades que pudieran ser responsables de las decisiones  y operaciones que han llevado a esta empresa publica a la ruina. En base al testimonio y pruebas de un Ex Consejero de la entidad y que se detalla a continuación:

El 24 de marzo del año 2004, la compañía SEDES, cuyo objeto social es construir y promover, no adquirir edificios ya construidos, lo que configura la primera gran irregularidad en todo este asunto, acordó, en su consejo de administración, estudiar la compra a la sociedad Jovellanos XXI, 12.000 m2 de oficinas, aparcamientos y archivos en sótano. El 30 de marzo siguiente, seis días después, la comisión ejecutiva acordó cerrar la operación, firmándose el contrato de compra en construcción, mediante la modalidad “llave en mano”, abonando 2.320.000 € mediante la entrega de un talón, y comprometiéndose el resto de los pagos mediante certificaciones, hasta la entrega de las fincas construidas, momento en que se haría efectivo el pago de la totalidad pactada en contrato.

No había, en ese momento, estudio alguno que avalase la viabilidad de la operación, salvo un documento sin firma ni fecha, en el que se estimaba que la operación podría atenderse con un alquiler anual de las oficinas al Principado, del 4,5% sobre el total del coste, que ya se estimaba en 57.140.000 €, en el que ya se reconocía que el arrendamiento no cubriría la totalidad de los ingresos necesarios para hacer frente a los costes de la operación, aunque la diferencia estimada era de 1.759.201 en el primer año, que se consideraban asumibles, y que se transformarían tras 20 años de arrendamiento operativo, en un déficit de 20.261.828 €. Es decir, que en un principio, y con un compromiso de negocio avalado por las intenciones del Principado, la operación, ajena al objeto social de SEDES, ya era una ruina, previéndose la posibilidad de un arrendamiento operativo.

Ese mismo año 2004, el 28 de octubre, el Principado, con posterioridad al contrato aludido, firmó con los gestores de SEDES un acuerdo por el que se comprometía ese arrendamiento operativo de las oficinas que SEDES acababa de comprar, por un precio anual de 1.722.873,43 revisables con el IPC. Esta operación, que en el documento firmado entre las partes abría la puerta a la compra posterior mediante una “opción”, nunca fue ratificada, según nuestras comprobaciones, por los órganos de Gobierno de SEDES.

El consejo de administración celebrado el 21 de diciembre de 2006, dos años después, y sin mediar autorización alguna, supo de la existencia de una primera propuesta de permuta entre terrenos en la Ería y oficinas del Calatrava. La comisión ejecutiva celebrada el 19 de abril de 2007 conoció esa misma propuesta ampliada a un solar en San Lázaro y a unas oficinas en Uría, así como las posibles permutas en General Elorza, sin que se hubiese adoptado acuerdo alguno al respecto, propuestas en documentos sin fechas ni firma alguna que las avalasen.

El 19 de abril del 2007 se firmó la compraventa entre SEDES y Jovellanos XXI, y el 15 de mayo se firmó la última permuta, en un salto en el vacío que es el que a la vista de los resultados ha llevado a la compañía a la ruina, pues es evidente que SEDES aprobó la operación como compraventa, para firmar posteriormente un arrendamiento operativo que no pasó por el consejo, y nunca como permuta.

Es a la llegada de Guillermo Morales Matos, tras las elecciones autonómicas del 2007, como nuevo presidente en su condición de director general de la vivienda, cuando asiste como invitado a la sesión del consejo celebrada el 2 de octubre de aquel año, cuando “conoce” la operación mediante un “resumen”, en el que se trasladó al consejo “la evolución en la gestión de las permutas con el Principado”, operaciones realizadas fuera del amparo de los órganos de gobierno de SEDES, por lo que se puede afirmar que a su llegada, a la llegada de Morales, se le pasaba la pelota de unas operaciones que habían transformado la naturaleza inicial del arrendamiento, por cuatro permutas ilegales, que carecían de amparo legal desde el punto de vista del Gobierno de Asturias, al no haberse formalizado la operación mediante una ley aprobada por la Junta General del Principado, pero también desde el punto de vista de SEDES, que de acuerdo con la información que se nos facilitó, nunca aprobó el documento del arrendamiento operativo que preveía la “opción de compra”.

La negociación de los precios en el conjunto de las operaciones no está documentada en ningún sitio ni fueron por lo tanto aprobados, de cara a su formalización, en órgano alguno, al no haberse pasado las permutas previamente a su formalización por los órganos de administración. Por los datos que conocemos, la relación entre estas operaciones, y el insoportable endeudamiento de SEDES, es incontestable, y entre los costes de mantenimiento de los bienes permutados, y los costes financieros de las permutas, se explica la situación de ruina de la sociedad, sin que pueda alegarse otra causa mayor, pues las decisiones se tomaron en momentos de caída del ciclo de la construcción, con evidentes señales de recesión de la economía nacional e internacional, que desaconsejaban su formalización.

Don Guillermo Morales, presidente de SEDES en representación del Principado, no hizo nada, durante su mandato, para aclarar las enormes lagunas de gestión ni las causas de las decisiones que hoy traen consecuencias de la máxima gravedad para la sociedad y sus trabajadores. Sin embargo, don Guillermo, según acabamos de saber, se hizo con patrimonio procedente de la cartera de SEDES al final de su mandato, y esa circunstancia nos parece ya extremadamente preocupante, al sumarse a la evidencia de su total inacción.

Como consejero de SEDES nombrado por el Gobierno presidido por Francisco Álvarez-Cascos, fui requiriendo, desde el primer momento, con el apoyo total del nuevo presidente y de mis compañeros de consejo y comisión ejecutiva nombrados por nuestro ejecutivo, y mediante constantes intervenciones de las que queda perfecta constancia documental, la entrega de la que parece escasa documentación existente en la empresa. No es hasta febrero del año 2012, cuando conseguí que se me entregue formalmente un resumen sin respaldo jurídico alguno para los hechos en él relatado, ampliado posteriormente con otro informe que se exigió inmediatamente, en el que se nos entregaron los acuerdos que demuestran las profundas irregularidades de todo el proceso.

Así pues, y ya en el mes de marzo, y tras formular una batería de preguntas, presenté una propuesta que fue respaldada en consejo, para contratar una asesoría jurídica externa. En el acuerdo constaron las siguientes cuestiones a averiguar, a mi expresa petición:

1)      Si ha existido alguna vulneración de la legislación mercantil, de contratos de las administraciones públicas, de patrimonio del Principado o de cualquier otra naturaleza en las distintas fases de la que se viene designando como Operación Jovellanos XXI.

2)      Si los administradores, o en su caso los gerentes, que negociaron y adoptaron los correspondientes acuerdos pueden haber incurrido en responsabilidad por el daño causado a la sociedad, y en caso afirmativo, si procede entablar acción social de responsabilidad.

3)      Si los administradores, o en su caso los gerentes, que participaron en la mencionada operación, pueden haber falseado documentos relativos a la situación jurídica o económica de la sociedad para causarle un perjuicio, haber impuesto acuerdos abusivos con ánimo de lucro ajeno a la sociedad, o haber dispuesto fraudulentamente de los bienes de la misma o contraído obligaciones injustas, innecesarias o imprudentes, a cargo de ésta, causándole un grave perjuicio económico.

La contratación de esta asesoría se propuso y acordó como condición previa a la adopción de cualquier medida que tuviese repercusiones en la plantilla, con suspensiones o extinciones de contratos de trabajo de los empleados de la empresa.

El acuerdo de contratación de la asesoría externa no fue formalizado por nuestros sucesores en el consejo de administración, que desde entonces se han ocupado celosamente de ocultar las responsabilidades de todo orden de gestores y administradores, para cebarse contra la plantilla que es la que desde entonces está pagando el pato por los platos rotos de los políticos que tomaron de manera irregular las decisiones que han conducido SEDES a la ruina.