Madrid.-Más de 2.000 ayuntamientos de toda España, que representan a 15 millones de ciudadanos, han presentado ya el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma local del Gobierno del PP. Representantes del PSOE y PSC, CiU, IU-ICV, ERC, CC, BNG, CHA (Chunta Aragonesista), Compromís, Nueva Canarias, UPyD, CAPI (Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes) y FEEM (Federación de entidades Locales menores), han escenificado hoy ante el Congreso la presentación de este recurso en defensa de la autonomía local.
Por parte del Grupo Socialista han participado en este acto el portavoz de Constitucional y número dos de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas, Ramón Jáuregui; el secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, y la portavoz de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, además de 19 alcaldes socialistas. Jáuregui ha señalado que no tiene ninguna confianza en el Gobierno de España sobre esta ley, pero que sí tiene la confianza en el Tribunal Constitucional, y la esperanza de que el recurso prospere, “porque tiene una legitimación de ciudadanía enorme como no ha tenido ningún otro recurso en la historia democrática española”.
Jáuregui ha dicho que el acto de hoy “representa un acto inédito en la política democrática española”, porque “es la primera vez que millones de españoles representados por alcaldes y diputados recurren una ley gravísima contra la autonomía municipal, una ley que recorta servicios sociales muy importantes para los ciudadanos, que ya están sufriendo los efectos de la ley local, que recorta prestaciones básicas en la atención de los mayores, en educación, en sanidad”. Por ello, ha señalado, considera “imprescindible recurrir y ganar este recurso”. El acto de hoy tiene “enorme importancia”, porque “parar esta ley, considerar que es inconstitucional, es fundamental para la autonomía municipal y para los servicios sociales que prestan los ayuntamientos a millones de españoles”.
Recurso municipal
El 31 de marzo termina el plazo para que el municipio de mayor tamaño, que es el Ayuntamiento de Barcelona, solicite el dictamen del Consejo de Estado, paso previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional que presentarán los 2.000 ayuntamientos que lo suscriben –la implicación de estos ayuntamientos supone cumplir sobradamente el requisito que exige la Ley del TC de que el recurso debe ser suscrito por las mayorías absolutas de un séptimo del total de los Ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan un sexto de la población-.
Es la primera vez que se moviliza un número tan elevado de Ayuntamientos contra una Ley del Gobierno. La ley recurrida, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que entró en vigor el 1 de enero de 2014, supone la privatización de los servicios públicos municipales y el desmantelamiento y desaparición de los servicios sociales locales.
