Al comenzar las protestas antigubernamentales a mediados de febrero, el equipo de trabajo del Centro RFK hizo un llamado al gobierno venezolano para que se investigaran las muertes. Desde entonces, el número de muertes ha aumentado de 13 hasta al menos 31. Entre los fallecidos hay varios estudiantes y cinco guardias nacionales. En numerosas ocasiones las fuerzas de seguridad han hecho uso desproporcionado de la fuerza para dispersar las protestas.Aproximadamente 1,500 personas - la mayor parte estudiantes - han sido detenidos durante las manifestaciones. Asimismo, los manifestantes detenidos han denunciado casos de tortura, detención incomunicada en instalaciones militares y se les ha negado comunicarse rápidamente con sus abogados.

El acceso a la información durante las protestas ha sido todo un desafío para los medios de comunicación y ONGs, ya que el gobierno ha limitado seriamente el flujo de información. Varios periodistas han sido objeto de amenazas y arrestos y se les ha confiscado su equipo de trabajo, o bien se ha borrado el contenido del mismo. También se ha censurado o interrumpido parte de la cobertura de televisión y de internet.

"Las autoridades venezolanas deben garantizar la seguridad de los manifestantes, así como la protección de los periodistas, protegiendo el ejercicio de la libertad de expresión y asociación", sostuvo Kerry Kennedy. "Como dijo mi padre en 1962: 'Es un derecho de todos los ciudadanos participar sin miedo ni restricción en la discusión y debate sobre los grandes temas que todos enfrentamos.'"

Además, algunos líderes de la oposición han sido arrestados por declarar su apoyo a quienes han estado participando en las manifestaciones de protesta. En fechas recientes, el alcalde opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue arrestado bajo los cargos de estar incitando a la violencia y fomentando la organización de protestas violentas. El alcalde opositor de San Diego, Enzo Scarano, fue sentenciado arbitrariamente el 19 de marzo a 10 años de prisión por no seguir el fallo de un tribunal que le ordenaba retirar las barricadas de los manifestantes. El 18 de marzo, el congreso de Venezuela solicitó una investigación de las actividades de María Corina Machado, un miembro electo de la Asamblea Nacional Venezolana, acusándola de traición y de intentar desestabilizar al gobierno por manifestar su apoyo a quienes participan en las protestas.

Adicionalmente, ya ha transcurrido más de un mes desde que fue detenido el líder opositor Leopoldo López, recluido en una prisión militar. El gobierno no ha presentado evidencia alguna para justificar su detención, ni se ha celebrado audiencia en su caso. Asimismo, se ha emitido una orden para el arresto de Carlos Vecchio, coordinador nacional del partido político en el que milita López: Voluntad Popular.

"El gobierno debe atenerse al estado de derecho y dar cumplimiento a las normas internacionales de derechos humanos, por ejemplo en lo relativo a permitir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación, y en relación a las restricciones para el uso de la fuerza en manifestaciones públicas", dijo el Dr. Canton. "Con el fin de lograr una solución pacífica, el gobierno debe poner fin a su campaña de encarcelar a los miembros de la oposición, silenciar a los medios de comunicación y reprimir las protestas. Asimismo, debe dejar en libertad de manera inmediata a las personas arbitrariamente detenidas."