”Se han omitido las necesarias consultas previas en la tramitación del plan respecto a los Ayuntamientos, verdaderos dueños de COGERSA, con claro desprecio por el municipalismo y su autonomía”
“Para su financiación se hace necesaria una brutal subida de tarifas”
Candás.-La Portavoz de FORO en Carreño, Susana Corredor, ha presentado una moción en el Ayuntamiento de cara a que se intente paralizar el Plan Especial de Residuos del Principado de Asturias “porque es perjudicial para Carreño y para Asturias”. Corredor recuerda que "a finales del año 2011, concretamente el 9 de diciembre de 2011, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Oviedo declaraba nulo de pleno derecho el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio para gestión de residuos sólidos en Asturias (COGERSA) sobre inicio de los trámites ambientales y administrativos conducentes a la construcción y puesta en marcha de una planta de valorización energética (incineradora) y dar conformidad a los precios que resulten una vez construida dicha instalación; en definitiva, aprobar la ejecución de una macroincineradora para 420.000 toneladas sin disponer de un título habilitante, que contemple todas las alternativas en presencia, cual habría de ser un Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA)”.
Recuerda la Portavoz que “ante la ausencia del Plan Estratégico de Residuos, que no debía ser tal, y dado el incorrecto fraccionamiento para su adjudicación en tres contratos menores, el Gobierno de FORO en el Principado de Asturias impidió en primer lugar dicho fraccionamiento, en defensa de la legalidad y de la transparencia, y ese mismo Gobierno de FORO dispuso a través de COGERSA la contratación de un Plan Puente para que los ayuntamientos pudieran contar con una herramienta de estudio y búsqueda de soluciones técnicas, sin condicionantes anteriores, que sirviese para encontrar la mejor tecnología, la más económica y la más ajustada a las posibilidades presupuestarias de las entidades locales, adaptándose a la legalidad en materia de residuos, en definitiva, la búsqueda de alternativas sin ideas preconcebidas”.
Se lamenta Corredor que “nada más llegar al Ejecutivo Regional, el Gobierno de Javier Fernández anuló aquel contrato relativo al Plan Puente acordado por el gobierno de FORO, y con ‘nocturnidad y alevosía’, licitó en el mes de Agosto una asistencia técnica para la elaboración del PERPA con solo 8 días naturales de plazo, incluyendo deliberadamente un fin de semana y un festivo, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación propios de la legislación de contratos, tanto por aplicar un plazo que impide, o en el mejor de los casos, dificulta enormemente, la presentación de ofertas por las empresas, como por haber recurrido al procedimiento de urgencia, cuando no se daban las premisas necesarias, licitación que se produce sin ni siquiera hacer las consultas previas tal y como contempla la legislación al efecto, en concreto la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. En septiembre y octubre de 2012, se trasladó a los Ayuntamientos la posibilidad de hacer sugerencias al PERPA, de modo extemporáneo ya que esta consulta debía de haberse realizado de forma previa a cualquier licitación, marginando abiertamente la autonomía municipal y quebrando el principio de lealtad institucional”.
“Este retorcido proceso”, añade, “ continúa el día 25 de febrero de 2013 cuando se publicó en el BOPA el documento del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024, que incluye el Programa de Prevención de Residuos, y el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del citado Plan, permitiendo la participación pública en la elaboración del Plan y al efecto de que cualquier persona física o jurídica pudiera formular lo que en derecho estime conveniente, registrándose cientos de alegaciones extrañamente resueltas en un tiempo récord”.
No deja de recordar Corredor que “posteriormente, en Julio de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras las alegaciones presentadas por algún colectivo, eliminadas posteriormente del expediente (objeto actualmente de investigación en la Junta General del Principado), anuló el Plan Territorial Especial que daba cobertura urbanística a la instalación de la macroincineradora, contaminando con ello la tramitación del Plan de Residuos”.
“Ya más recientemente, y como remate de este esperpento”, prosigue, “el pasado 23 de Diciembre de 2013, en el seno de la Junta de Gobierno de COGERSA, se aprobó con el voto en contra de los representantes municipales de FORO, y también de IU y del PP, a excepción de su representante del Ayuntamiento de Oviedo, el estudio económico-financiero para el análisis de la viabilidad económica de las infraestructuras que se recogen en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, en definitiva y fuera de todo eufemismo, la subida entre otras, de la tarifa de gestión de residuos urbanos, que prevé una subida por tonelada para los Ayuntamientos del IPC hasta el 2017 y a partir del 2018 y hasta el 2020 una subida de hasta el 400 %. Acuerdo de subida de tarifas que está actualmente recurrido ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por, entre otros, varios representantes de FORO en la Junta de Gobierno de COGERSA. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, sin dar respuesta motivada a buena parte de las alegaciones, aprobó el pasado miércoles 12 de marzo, un Plan de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024 que apuesta por construir una incineradora para tratar 310.000 toneladas anuales frente a las 420.000 previstas inicialmente, cuando las irregularidades provocaron la nulidad de su contratación y ejecución. El documento, que ahora deberá ser remitido a la Junta General, contempla que la futura incineradora, o planta de valorización energética, entre en servicio en el año 2020 y suponga un coste de 202 millones de euros de los 314,5 millones de inversión contemplados en el nuevo Plan de Residuos, para cuya financiación se hace necesaria una brutal subida de tarifas, como antes se ha dicho, que colisiona gravemente con la autonomía municipal y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los Ayuntamientos”.
“Por todo ello”, razona Corredor, “y como no podía ser menos, se pretende del Pleno la impugnación judicial del acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias del pasado 12 de marzo, aprobando el Plan de Residuos del Principado 2014-2024, por entenderse vulnerados los siguientes principios y derechos ciudadanos:
· Se han omitido las necesarias consultas previas en la tramitación del plan respecto a los Ayuntamientos, verdaderos dueños de COGERSA, con claro desprecio por el municipalismo y su autonomía, privando a este Ayuntamiento de ponderar con detenimiento las alternativas en presencia.
· No se ha producido el imprescindible proceso de participación pública, con manifiesto desprecio por la opinión de los ciudadanos y su derecho a tomar parte en los asuntos medio ambientales que les afectan, y ni siquiera se ha contestado a las alegaciones presentadas: derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente que han sido vulnerados.
· Se vulnera la normativa de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al aprobarse un plan de financiación que supone una desmesurada subida de costes en un momento en que los Ayuntamientos están ya lastrados con planes de ajuste y demás instrumentos de equilibrio financiero.
· Se vulnera la normativa urbanística ya que el Plan Territorial Especial sobre el que se sostenía fue anulado por los Tribunales y en la actualidad sólo se cuenta con un documento de Avance de Prioridades absolutamente insuficiente a los fines que se pretenden”.
“Así pues”, cita textualmente de la moción, “el Grupo Municipal de FORO propone al Pleno del Ayuntamiento de Carreño, la aprobación del siguiente ACUERDO:
1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Carreño, acuerda facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación para que previa designación de Procurador de los Tribunales, para la representación del Consistorio, interponga el recurso contencioso-administrativo pertinente ante los Juzgados o Tribunales de ese orden jurisdiccional frente al Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 12 de marzo de los corrientes, por el que se aprueba el Plan de Residuos del Principado 2014-2024, en defensa de la legalidad y de la propia estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento”.
