El Principado se plantea recurrir judicialmente si el ministerio mantiene su postura
Madrid.-La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha trasladado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera, el malestar del Gobierno del Principado ante la propuesta realizada para el reparto del cupo de caballa, que discrimina a la flota asturiana. “No podemos comprender cómo disponiendo de un 136% más de cuota, nuestros pescadores no van a poder pescar ni la mitad de lo que venían pescando”, ha subrayado.
María Jesús Álvarez ha exigido al ministro que reúna a todas las partes afectadas: comunidades autónomas, representantes de pescadores y de los distintos segmentos de flota, para retomar la negociación. “Es algo imprescindible ante el inminente comienzo de la costera”, ha indicado.
La titular de Agroganadería ha mostrado su desacuerdo con la horquilla de años (2002-2011) que el ministerio recoge como derechos históricos para repartir unos cupos de pesquería que, a su juicio, “no se corresponden con la actualidad”. Álvarez ha reiterado que se debe tomar como referencia un plazo más cercano, concretamente, a partir de 2008, “porque es a partir de ese momento cuando se introducen normas de pesca más homogéneas, lo que permite obtener una fotografía más real de lo que sucede en la pesquería en todo el caladero”.
La consejera ha advertido de que Asturias continuará “al lado de los pescadores” y exigirá al ministerio que retome la negociación para llegar a un acuerdo. Ha recordado que desde el Principado ya se han presentado las alegaciones pertinentes a la orden ministerial que regula los cupos de reparto de las cuotas de caballa y que establece un “modelo arbitrario y discriminatorio para la flota pesquera asturiana”. Además, ha insistido en que, una vez publicado el texto de la orden ministerial, “lo estudiaremos para presentar un recurso judicial si no hay modificaciones”.
En las alegaciones presentadas, el Principado señala que el reparto es arbitrario porque se lleva a cabo por provincias en lugar de hacerlo por buques o grupos de buques, escoge un único criterio de los enumerados en la ley, como son las capturas históricas, despreciando el resto de criterios, y elige de forma caprichosa, inmotivada e infundada un periodo (2002 a 2011) que fue precisamente aquel en el que se produjo el exceso de pesca por el que el Estado español recibió una sanción por parte de la Unión Europea.
Además, se aparta de los criterios de reparto establecidos hasta el momento en otras modalidades de pesca (arrastre, palangre o volanta), en los que la regulación garantizaba una mínima viabilidad para todas las empresas pesqueras.
También se considera que la distribución del cupo es discriminatoria, porque beneficia a aquella parte de flota que durante el periodo escogido realizó una sobrepesca que ahora se ve premiada, en perjuicio de gran parte de la flota asturiana que se incorporó a la pesquería a partir de 2011, cuando ya existía un estricto y férreo control sobre la extracción de la especie. La flota asturiana se incorporó legítimamente a esta actividad, no sólo por su posible rentabilidad, sino también por la falta de alternativa de otras pesquerías.
Esa discriminación también se refleja en que parte de la flota del Caladero Cantábrico y Noroeste (Cantabria y, especialmente, País Vasco) ha visto notablemente incrementadas sus posibilidades de pesca, mientras la asturiana las ha visto reducidas a menos de la mitad, pese a que la cuota global para España ha aumentado en 10.000 toneladas. De esta manera, se priman los intereses de una parte de la flota sobre los intereses generales.
En Asturias 150 barcos se dedican a la pesca de la xarda o caballa, con una media de tres o cuatro trabajadores cada uno. En 2013, estas embarcaciones pescaron por término medio unos 20.000 kilogramos de xarda. El reparto que ha establecido el ministerio fija un máximo de 9.800 kilogramos por barco para este año. El ministerio ha repartido otras 14.000 toneladas, de las que sólo 700 han sido asignadas a Asturias.
Los cupos que se establecen para las comunidades cantábricas representan para el Principado el 14,74% del total, mientras que Galicia se queda con un 17,46%, Cantabria con el 25,75% y el País Vasco con el 42,07%.