En 2013 el Servicio de Consumo tramitó 2.828 reclamaciones y 3.013 alertas

Las operadoras de telefonía aglutinan el 53% de las quejas, seguidas por los servicios financieros y el comercio minorista


Asturias.-La Dirección General de Salud Pública ha alertado de que asistimos a un retroceso general de los derechos de los ciudadanos, agravado por la reciente modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que atribuye a las comunidades autónomas competencias hasta ahora ejercidas por las entidades locales sin establecer ninguna financiación adicional.

El director, Julio Bruno, ha subrayado la necesidad de establecer mecanismos de compensación como forma de garantizar la subsistencia de los servicios actuales a través de una delegación de competencias que cumpla los requisitos de suficiencia financiera de la Ley. De otro modo, ha advertido de que la aplicación de la norma puede causar la desaparición de los servicios de información y protección de los ciudadanos en materia de consumo. 

?Aún compartiendo el objetivo de evitar duplicidades en la actuación administrativa, esto no puede hacerse a costa de suprimir servicios públicos. Y esto es precisamente lo que se va a conseguir si no se dota a las comunidades de medios para asumir estas nuevas competencias?, ha asegurado Bruno. ?Nos oponemos a una norma no consensuada, que vulnera la autonomía local y las competencias autonómicas y que puede suponer la desaparición de múltiples servicios públicos del ámbito local?, ha añadido.

Con ocasión del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, una efeméride que fue instaurada en 1983 por Naciones Unidas para recordar los derechos que asisten a todas las personas como usuarios y consumidores, el director general de Salud Pública, Julio Bruno, y el jefe del servicio de Consumo del Principado, Adolfo Sánchez, han presentado este sábado los datos de actividad de este departamento, que tiene como misión velar por la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores. Para ello, centra su actividad en la resolución de las reclamaciones planteadas por los consumidores, en el control de mercado a través de la actividad inspectora y en la información y educación de los consumidores.

El pasado año se recogieron en el servicio 2.828 reclamaciones en materia de consumo, de las que 894 fueron trasladadas a otros organismos competentes de la administración (municipales, autonómicos o nacionales), mientas que las 1.934 restantes fueron tramitadas directamente por el propio servicio. Esto ha supuesto un aumento del 21% respecto a las reclamaciones presentadas en el año anterior.

Del total de reclamaciones recibidas en 2013, 1.011 fueron solicitudes de arbitraje de consumo, un sistema extrajudicial de resolución de conflictos voluntario para las partes por el que éstas se comprometen a aceptar la resolución que se dicte, y que se caracteriza por su rapidez, ya que la resolución se dicta como regla general en un plazo inferior a seis meses. En la actualidad están adheridas al sistema arbitral un total de 1.309 empresas. Otras 1.817 reclamaciones fueron tramitadas como denuncias y dieron lugar en 2013 a la incoación de 198 expedientes sancionadores.

Como en años anteriores, el sector que recibió un mayor número de reclamaciones fue el de las telecomunicaciones (operadoras de telefonía), con un total de 1.504 (53%); seguido por los servicios financieros, con 330 (12%); el comercio minorista, con 174 (8%); los servicios profesionales, con 158 (5,6%) y la energía, con 146 (5,1%). A continuación se sitúan sectores como la venta de artículos electrónicos, el automóvil, los electrodomésticos, el comercio electrónico y el transporte aéreo.

En relación a las quejas sobre las operadoras de telefonía, las más habituales son los incumplimientos contractuales por parte de la operadoras (22%), las dificultades para darse de baja y los compromisos de permanencia (16 %), los problemas de facturación (14 %), las altas indebidas en servicios de mensajería premium (11 %) y la calidad del servicio (9 %).

Control y vigilancia de los productos.

Además de la resolución de las reclamaciones de los consumidores, el Servicio de Consumo lleva a cabo una labor preventiva de control y vigilancia de los productos para evitar posibles fraudes o riesgos relacionados con la salud y la seguridad de los consumidores. Para alcanzar este fin se realizan campañas de control de mercado, en las que se analiza el etiquetado y la composición de los productos, y se gestiona la red de alertas de productos peligrosos que el pasado año tramitó 3.013 notificaciones de productos inseguros. El 70% de los productos alertados tenía su origen en países asiáticos.

Por tipología, los juguetes, la vestimenta y calzado infantil, los productos  eléctricos  y los vehículos fueron los productos que más alertas originaron en materia de consumo. Asturias efectuó cuatro notificaciones a la red de alertas, dos sobre juguetes, una sobre material eléctrico y una sobre vehículos.


Educación para el consumo.

Otra de las tareas fundamentales del Servicio de Consumo es la de fomentar la formación y la educación de los consumidores y usuarios, para que éstos dispongan de la información precisa para el ejercicio eficaz de sus derechos. El Director General puso de manifiesto la importancia de este servicio en el Principado que es pionero a nivel nacional a través de los Centros de Formación para el Consumo.

Actualmente Asturias cuenta con cinco centros de formación para el consumidor situados en Ribadesella, Lugones, Blimea, Tineo y Vegadeo. Durante 2013 recibieron un total de 20.000 usuarios, fundamentalmente población escolar, personas con discapacidad y mayores. Servicios, todos ellos, de trascendental importancia para equipar  a los consumidores asturianos de herramientas que les permitan elegir las oportunidades de consumo con seguridad y responsabilidad.

Los ciudadanos pueden encontrar más información en las páginas www.consumoastur.es  y www.astursalud.es