Esther Díaz valora la Agenda Social Asturiana como instrumento para blindar los servicios públicos, reforzar la cohesión social y afrontar los nuevos retos derivados de la crisis

El Principado trabaja también en la elaboración del I Plan Integral de Atención a la Discapacidad en Asturias y el Plan de Inclusión Social para atender las necesidades de colectivos en riesgo

Oviedo.-La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha valorado hoy la importancia de la Agenda Social Asturiana como el primer documento elaborado en Asturias que articula toda la política social del Gobierno del Principado y como estrategia de acción para blindar los servicios públicos, reforzar la cohesión social y afrontar las nuevas necesidades y retos derivados de la crisis.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social de la Junta General del Principado para presentar el documento, ya aprobado por el Consejo de Gobierno, Díaz ha advertido de que la gestión de la crisis por parte del Gobierno de España, centrada en la aplicación de recortes y medidas de austeridad, pone en peligro el actual Estado de Bienestar y dispara el riesgo de pobreza y desigualdad. En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico ha demostrado que, a pesar de las dificultades, se desmarca de estas políticas de la derecha que atacan a los ciudadanos más necesitados, y que considera “prioritaria” la defensa de los servicios públicos.

La denominada Agenda Social Asturiana es el primer documento elaborado en el Principado de Asturias que ofrece una visión tan amplia e integral  del Estado de Bienestar autonómico. Porque el bienestar de los ciudadanos no depende de una política concreta sino que repercuten las políticas de cada consejería, así como  las decisiones del Gobierno central (dependencia, copago sanitario, atención sanitaria a los inmigrantes, etc.). La agenda social evalúa, de forma precisa, las consecuencias de las políticas  del Gobierno de Rajoy sobre cada área, políticas regresivas que pretenden eliminar los derechos conquistados con gran esfuerzo por los ciudadanos durante tantos años. En plena crisis y ante los recortes económicos y de derechos que realiza el Ejecutivo del PP, el Gobierno asturiano mantiene como prioridad incuestionable, junto a la creación de empleo, la protección del Estado de Bienestar.

Es la Agenda, social, por tanto, el primer documento que ofrece un enfoque y un  análisis global del Estado de Bienestar en Asturias, cuyo contenido la consejera de Bienestar Social está en disposición y totalmente abierta  a negociar con el denominado tercer sector.

La consejera ha recordado que el Principado destinó el año pasado el 67% de su presupuesto a inversión social y fue una de las dos únicas comunidades que aumentaron el gasto en estas partidas. Como ejemplo más claro de esta política del Gobierno figura el mantenimiento del salario social. También ha indicado que la Agenda Social Asturiana pretende consolidar y mejorar los servicios públicos (sanitarios, educativos y sociales), a diferencia del Gobierno central, cuyas políticas están claramente destinadas a menoscabar el Estado de Bienestar.

El documento, coordinado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, establece líneas de actuación concretas para afrontar los cambios en la sociedad y ha contado con la participación de los departamentos de Presidencia, Educación y Sanidad, y las aportaciones de diversas entidades del tercer sector. El texto parte del diagnóstico de la situación actual en Asturias y se estructura en tres grandes bloques: agenda para la cohesión social, agenda para los nuevos riesgos sociales y agenda para las situaciones de emergencia social.

Agenda para la cohesión social

El apartado dedicado a la cohesión social reafirma el compromiso del Gobierno asturiano con la atención a la salud de todas las personas residentes en Asturias, la educación como medio para preservar la igualdad de oportunidades y los servicios sociales para atajar la exclusión.

Respecto a la sanidad, el objetivo es la búsqueda de la equidad como medio para eliminar diferencias injustas por razón de género, estrato social, edad o procedencia geográfica. Equidad, calidad y universalidad son las condiciones clave del sistema sanitario que debe preservar la Administración y que avalan el alto grado de satisfacción de los ciudadanos con estos servicios. La atención sociosanitaria, que comprende el conjunto de intervenciones destinadas a la atención de personas que, por sus características o vulnerabilidad, necesiten de la actuación simultánea de los servicios sanitarios y sociales para mejorar su bienestar, también juega un papel fundamental en la estrategia del Gobierno autonómico.

La educación constituye el mejor instrumento para favorecer la inclusión social, reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza y mejorar la productividad. Es también la herramienta fundamental para la formación de una ciudadanía responsable y capacitada para afrontar entornos laborales cada vez más exigentes. Por todo ello, el Principado está realizando un importante esfuerzo para mantener la calidad educativa, los programas contra el fracaso escolar y el abandono temprano y los de atención a la diversidad, así como la ratio de estudiantes por aula. La mejora de la equidad territorial, con un apoyo manifiesto a la escuela rural, y la promoción de la igualdad de oportunidades, con medidas como las ayudas para la compra de material escolar y libros de texto, ponen de manifiesto la apuesta del Principado por la educación de calidad.

En el ámbito de los servicios sociales, el Principado defiende el mantenimiento de la red local de asistencia y el salario social básico como herramientas fundamentales a favor de la inclusión.

En este sentido, Esther Díaz ha apuntado que su departamento está trabajando en varios documentos en los que se concretarán estas líneas de actuación, como el I Plan Integral de Atención a la Discapacidad en Asturias, que estará listo en unos meses, y el Plan de Inclusión Social, que se aprobará antes de que finalice el ejercicio. El III Plan de Integral de Infancia se aprobó en noviembre de 2013 y ya se ha enviado a la Junta General del Principado para su debate. Los tres proyectos recogen medidas para la protección de colectivos con necesidades especiales como las personas mayores, las personas con discapacidad, las familias, los menores, los adolescentes y los beneficiarios del sistema de la dependencia.

Bienestar Social también está elaborando el Plan Autonómico de Vivienda, que podría aprobarse a mitad de año, y cuyas líneas estratégicas se centran en las políticas de alquiler y rehabilitación.

La consejera ha adelantado, además, que este mes se constituirá la Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión, que servirá para establecer un cauce de diálogo fluido con las entidades del tercer sector.

Agenda para los nuevos riesgos sociales

La Agenda Social Asturiana refleja que los mayores riesgos de pobreza y exclusión social afectan a los jóvenes, tanto a los menores como a los de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años. La crisis ha acentuado una nueva dualidad, con mayores protegidos y jóvenes con menor protección, aunque también afrontan especiales dificultades los parados de larga duración mayores de 50 años.

Para mejorar la situación de estos colectivos, así como de las familias en general, el documento recoge acciones concretas que persiguen evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza o la malnutrición infantil, fomentar la igualdad laboral entre hombres y mujeres, apoyar a emigrantes y emigrantes, y favorecer la integración efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.

Agenda para las nuevas situaciones de emergencia social

Las consecuencias de la crisis y su gestión han puesto en peligro de exclusión social a colectivos que antes se consideraban a salvo. Por esta razón, el documento incluye medidas excepcionales que intentan compensar las dificultades que atraviesan estos grupos. Por ejemplo, el Principado se compromete a garantizar la atención a la salud a las personas residentes en la comunidad que se ausenten del país durante más de 90 días. Además, en una línea de actuación claramente diferente a la del Gobierno central, no aplicará los nuevos copagos en medicamentos, transporte sanitario urgente y productos ortoprotésicos. También prolongará el plan de choque contra los desahucios.

En el ámbito educativo, se mantendrán las ayudas para la compra de libros de texto y material escolar y no se incrementarán las tasas universitarias en primera matrícula, entre otras actuaciones. 

Ante el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión infantil, se pondrán en marcha iniciativas dirigidas a la infancia y las familias, tanto para atajar sus dificultades económicas, como para fomentar la socialización de los menores y frenar la conflictividad juvenil.