Hay que recordar que el 11 de marzo de 2011, hace ahora tres años, se produjo el desastre del terremoto y el posterior tsunami, agigantados por la catástrofe nuclear, en la cuidad de Fukushima (Japón) donde más de mil operarios voluntarios se afanaron en reducir los escapes radiactivos mediante el taponamiento de grietas y el tratamiento de aguas, y por el que más de 50.000 personas siguen aún evacuadas.

El accidente se produjo en un momento en que se estaba produciendo una verdadera ofensiva de la industria nuclear para intentar revertir su declive. En efecto, esta industria se encuentra en crisis e intenta por todos los medios mejorar su situación en el mundo. Por un lado intenta vender más reactores sobre todo en los llamados países emergentes, con China a la cabeza, y por otro intenta que se prolongue la vida de las centrales que funciona en los países industrializados, lo que constituiría un verdadero negocio para las empresas que las explotan.

Pero Fukushima volvió a recordar al mundo algo que parecía haber olvidado: que la energía nuclear es peligrosa. Que por muchas precauciones que se tomen no se puede prever todo y finalmente ocurre un accidente. Y el de Fukushima puede ser el segundo más grave de toda la historia en cuanto al número de víctimas, tras el de Chernóbil. El accidente de Fukushima tiene dos particularidades: se produce por un fenómeno externo a la central y en un país que es una potencia tecnológica de primer orden. Lo primero muestra una nueva dimensión de la seguridad nuclear: es imposible prever todo lo que pueda llegar a ocurrir en las cercanías de las centrales. Lo segundo es revelador: ni siquiera un país como Japón puede evitar un accidente como este ni vencer los enormes desafíos que supone la contaminación radiactiva del agua y del territorio.

También hemos de recordar que la central de Fukushima es gemela a la de la central de Santa María de Garoña, en Burgos, y que, el Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto (RD) que modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y permite que Garoña pida su reapertura. Este decreto, que debería mejorar la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad, paradójicamente se utiliza ahora para tramitar la reapertura de las instalaciones nucleares y radiactivas un año después de ser clausuradas, reduciéndose las garantías de seguridad.

Ente esta situación, y para que accidentes como el de Fukushima no se olviden, para pedir que no se autorice la reapertura de Garoña y para pedir un calendario escalonado de cierre del resto de las centrales nucleares españolas salimos a la calle denunciando los males que trae a los ciudadanos esta forma de producción energética, que es un claro ejemplo de que todas las actividades humanas necesitan de una asunción democrática del riesgo, es decir que las personas podamos decidir que riesgos deseamos asumir y cuales no.

Los responsables políticos deberían entender que los accidentes nucleares graves aunque improbables, acaban por suceder. Y deberían dejar a la población el derecho a decidir sobre qué riesgos desean asumir y cuales no.