"La denegación de su aprobación  por el Pleno supone una clara indefensión"

Gijón.- Asturiana de Zinc ha presentado esta mañana un escrito en el Ayuntamiento de Gijón en el que solicita que reconsidere la propuesta de que sea la Junta de Gobierno Local quien valore la denegación de la “tramitación y aprobación del Estudio de Implantación” presentado por AZSA conjuntamente con Ecoterra en relación con el vertedero de la Enmesnada (Cenero).

Asturiana de Zinc y Ecoterra han solicitado al Ayuntamiento de Gijón la pertinente autorización para utilizar este vertedero, ya existente, para el depósito del jarofix, un residuo no peligroso inherente al proceso de fabricación del zinc.

El Servicio Administrativo de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón ha formulado una propuesta de acuerdo a adoptar por la Junta de Gobierno Local que se celebrará el martes 11, y que hoy ha sido vista en la Comisión de Urbanismo del Consistorio, según la cual estima la denegación de la tramitación y aprobación del mencionado Estudio de Implantación.

Asturiana de Zinc considera que la propuesta de resolución, en los términos en que está formulada, puede resultar contraria a derecho, puesto que la denegación de la aprobación de un expediente excede del ámbito competencial de la Junta de Gobierno Local, ya que la aprobación de este instrumento de planeamiento es de competencia exclusiva del Pleno Municipal.

En este sentido, AZSA estima que esta vía indirecta de denegación de aprobación implica una clara indefensión para los interesados, puesto que en la tramitación del expediente se sustancian los informes y alegaciones pertinentes y se abre el debate técnico y jurídico necesario que derive en una resolución fundada en el conocimiento de todos los factores que inciden en el proyecto. Denegar la aprobación por la vía que parece haber sido elegida por el Ayuntamiento puede llegar a constituir fraude de ley por denegarse una aprobación hurtando la tramitación del procedimiento previsto y la competencia final del órgano al que la Ley atribuye la competencia para su resolución.

El informe jurídico emitido por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento propone la denegación de la tramitación del estudio “por considerar que  no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa urbanística vigente en cuanto al interés público o social de la actuación pretendida”.

Interés social

Asturiana de Zinc estima que el escrito emitido por el Servicio Municipal obvia en su análisis cuestiones de relevancia como el hecho de que la legislación estatal (Disposición Adicional Primera de la ley 22/20122, de 28 de julio, de Residuos) establezca:  “Se declara de utilidad pública e interés social a efectos de la legislación de expropiación forzosa, el establecimiento o ampliación de instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos”. En este sentido, si bien la Disposición hace referencia a la expropiación forzosa, es claro que “el establecimiento o ampliación de instalaciones de almacenamiento, valoración y eliminación de residuos”  tiene la  consideración de utilidad pública e interés social, por lo que satisface esta necesidad.

De otro lado, en el campo de la jurisprudencia, existen sentencias que resaltan que el “interés público o social” se puede identificar con actuaciones o actividades del sector privado y puede “afirmarse que es de interés social el abaratamiento de los costes…, el incremento de los puestos de trabajo”, o bien “por los puestos de trabajo a contratar y por la cuantía de la inversión a realizar”.

AZSA entiende que todos estos requisitos se cumplen con la puesta en marcha del depósito de jarofix en el vertedero de la Enmesnada, en Carbaínos (Cenero-Gijón), que supondría una inversión 9,8 millones de euros para los gastos de preparación y clausura del depósito, a lo que habría que añadir los costes anuales de operación, que rondan los siete millones de euros anuales durante los seis años de vida que tendrá el depósito. El Ayuntamiento de Gijón recibiría en concepto de licencias y permisos alrededor de 500.000 euros.

En cuanto al empleo, los trabajos serían ejecutados por compañías y personal de la comarca, entre ellos ECOTERRA, propietaria del vertedero, y EXCADE y POSADA, las dos primeras con sede en el término municipal de Gijón.