La consejera de Hacienda y Sector Público del Principado, Dolores Carcedo, y los representantes de otras cinco comunidades –Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja- han coincidido hoy en Zaragoza en reclamar un modelo de financiación autonómica dotado con más recursos que el actual, que permita prestar los servicios públicos del Estado del Bienestar con la misma calidad a todos los ciudadanos. Las seis comunidades han unido fuerzas para defender que el sistema se base en criterios de reparto justos y equitativos, que ponderen en mayor medida características comunes a sus territorios como pueden ser los costes fijos o la dispersión y el envejecimiento de la población. Para Dolores Carcedo las realidades territoriales de las comunidades reunidas en Zaragoza “influyen de manera evidente en el coste de los servicios públicos y deben estar debidamente ponderados en el modelo”.

La reunión de trabajo ha permitido fijar los principios básicos que el modelo debe recoger, el primero de los cuales es el reconocimiento de la evolución creciente de las necesidades de gasto de las autonomías respecto al Estado. Las comunidades autónomas prestan los servicios que configuran el núcleo del Estado del Bienestar y, en especial, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por eso el punto de partida de la reforma debe ser un incremento global de los recursos financieros atribuidos a las comunidades.

La segunda aspiración es que se produzca por consenso de todas las autonomías, y la tercera, que el nuevo modelo garantice la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos. Es preciso que la financiación de cada comunidad responda a los costes efectivos de la prestación de servicios, en los que influyen de manera esencial factores distintos del número de habitantes. Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja advierten de que las necesidades de gasto asociadas a la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica no pueden vincularse a la capacidad económica de sus ciudadanos residentes, ni a través del llamado principio de ordinalidad ni tampoco de otras variables como los resultados de las balanzas fiscales, que en ningún caso determinan las necesidades de financiación de los servicios públicos esenciales en los distintos territorios.

Otra idea compartida es la necesidad de que la reforma del sistema de financiación autonómica esté coordinada con la modificación del sistema tributario anunciada por el Gobierno central. En palabras de la consejera de Hacienda del Principado, la fiscalidad es la piedra angular de todo el modelo de financiación. “Si algo ha puesto encima de la mesa la crisis es que tenemos un modelo fiscal obsoleto, muy complejo y que necesita una revisión”.

Los consejeros han llamado también la atención sobre el hecho de que es preciso tener en cuenta las implicaciones derivadas de la reforma local. Las modificaciones en la financiación autonómica y local deben ser simultáneas, asegurando el ajuste necesario en la financiación como consecuencia de la implantación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Otra de las demandas conjuntas es la plena eficacia del principio de lealtad institucional, de modo que se articulen instrumentos eficaces para compensar a las autonomías por decisiones unilaterales del Estado que les supongan tanto mayores gastos como menores ingresos.

Asturias, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja abogan asimismo por que el coste de la aplicación de la Ley de Dependencia se incluya en el modelo de financiación autonómica e inciden también en la oportunidad de disminuir la brecha que existe actualmente entre los recursos financieros de los que disponen los territorios de régimen común y los que disfrutan las comunidades forales, que son muy superiores en estas últimas.

Por último, las seis comunidades se muestran abiertas a que cualquier otra que esté de acuerdo con estos puntos pueda integrarse en el grupo, dado que lo único que pretende es aunar voluntades y esfuerzos. Como ha destacado la consejera asturiana, “cuando hablamos de financiación autonómica no estamos hablando de otra cosa que de la prestación de los servicios a los ciudadanos y estos deben ser iguales para todos independientemente del lugar en

el que residan”.