La ley que impulsa el ministro Ruiz-Gallardón entrega la gestión de este servicio público a los registradores de la propiedad

La contrarreforma incrementa el coste para la ciudadanía, dificulta el acceso a estos servicios, al concentrarse en 16 núcleos urbanos, y amenaza el derecho a la intimidad al entregar datos personales a empleados ajenos a la función pública

Asturias.-El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, mostró hoy el rechazo de Asturias a varios de las iniciativas del Ejecutivo central que representan un deterioro de la administración judicial como servicio público, entre ellas la desaparición de los juzgados de paz y la privatización de los registros civiles. El titular de Presidencia hizo estas declaraciones en la visita que realizó esta mañana al Juzgado de Paz de Aller, en Cabañaquinta, en el que estuvo acompañado por el director General de Justicia y Seguridad, José Luis Villaverde Amieva.

El Consejero de Presidencia defendió  la pervivencia de los Juzgados de Paz, dado que son los órganos encargados de prestaciones judiciales en los municipios de menos de 7.000 habitantes y de los que se benefician un total de 227.030 asturianos. Guillermo Martínez precisó que si se materializa esta normativa “se estará propiciando desigualdades entre los ciudadanos que residen en áreas menos pobladas y rurales”. En Asturias existen 60 juzgados de paz, distribuidos de la siguiente manera: 36 para municipios de menos de 7.000 habitantes, 7 para concejos de más de 7.000 habitantes y 17 agrupaciones de juzgados de paz.

Los Juzgados de Paz están radicados en los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y son atendidos por jueces que no pertenecen a la carrera judicial, pero son elegidos por mayoría absoluta por los ayuntamiento y nombrados por el Tribunal Superior de Justicia para un periodo de 4 años. Entre sus competencias están: reclamaciones civiles inferiores a 90 euros; actas de conciliación de cualquier cuantía; algunas faltas tipificadas en el Código Penal, así como las funciones delegadas del Registro Civil, como la tramitación del expediente de matrimonio, inscripciones del nacimiento, matrimonios y defunciones.

Como precisó Guillermo Martínez se trata de un servicio público “valorado positivamente por la población, sobre todo en lo referente a sus funciones en materia de  Registro Civil ya que proporciona a la ciudadanía constancia en sus actos civiles y facilita el ejercicio de sus derechos”. Más cuando se trata de un servicio gratuito en lo referente a las inscripciones, certificaciones y expedientes desde 1986.

A la eliminación de los juzgados de paz se suma el freno impuesto por el Gobierno de España a la Ley 20/2011, aprobada con el apoyo de las fuerzas políticas mayoritarias el 21 de julio de 2011 y que introducía importantes avances frente a la normativa de 1957. Sin embargo, el ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón, rechazó aplicar esta nueva normativa tal como estaba acordado para este año y anunció una nueva Ley de Reforma Integral de los Registros, que encomienda su gestión a los registradores de la propiedad, a los que otorga plena capacidad en aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica.

El Consejero de Presidencia manifestó el rechazo del Gobierno de Asturias a “una contrarreforma más del Ejecutivo del señor Rajoy, al tratarse de una verdadera privatización de los registros civiles” y por tanto causar graves perjuicios en un servicio público que beneficia a todos los ciudadanos, más allá de su situación económica o de su residencia en zona urbana o rural, al implicar un incremento de los costes y de la burocracia. Guillermo Martínez señaló que entre las principales consecuencias de la nueva ley que impulsa el ministro Ruiz-Gallardón destacan:

• Privatización de un servicio público esencial y gratuito.
• Desaparición de 96 puestos de trabajo públicos de los registros civiles, que representa un 8,3% de la plantilla de funcionarios judiciales en Asturias.
• Dificultad de acceso para la ciudadanía, dado que hoy cualquier ciudadano tiene acceso presencial en su municipio al registro civil. Con la entrega a los registradores de la propiedad los trámites se harían únicamente en aquellos núcleos urbanos que dispongan de registros de la propiedad, 16 en toda Asturias.
• Incremento de gastos para la ciudadanía. Aunque el Ministerio de Justicia proclama que no se va a cobrar por los trámites obligatorios (nacimiento y defunción), no aclara cuánto costarán las certificaciones y expedientes de los actos inscritos, como otros documentos oficiales utilizados para certificaciones administrativas en las oficinas de empleoi, tramitación de pensiones, acceso a una plaza en colegios…
• Amenaza el derecho a la intimidad de las personas: Los datos personales (edad, nacimientos, divorcios…) contenidos en los registros civiles quedan en manos de empleados de los registradores de la propiedad, que no están obligados penalmente como los funcionarios por el deber de secreto y no revelación.

La desaparición de los juzgados de paz y la encomienda de los registros civiles a los registradores de la propiedad se suman a otras negativas decisiones adoptadas por el Gobierno central en el ámbito de la administración de justicia. El Ejecutivo del Principado se ha opuesto también al proyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial, que propone concentrar la administración de la justicia y de sus servicios en las capitales de provincia, eliminado los partidos judiciales, 18 en el Principado, y creando por tanto desigualdades respecto a la población que vive fuera de ellas.