FACUA Andalucía denuncia que ocho meses después de su retirada del mercado andaluz, la Junta de Andalucía continúa sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva que han incurrido en fraude etiquetando como virgen y virgen extra productos de inferior calidad ni las sanciones que aplicará a las mismas.

A finales de noviembre, el Gobierno andaluz retiró veinticuatro lotes de los establecimientos de la Comunidad Autónoma tras una campaña de inspección desarrollada por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud en coordinación con la Dirección General de Industria y Calidad Agrolimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Las marcas sólo se retiraron del mercado andaluz, por lo que el fraude continuó produciéndose en el resto de España.

Pide al Gobierno andaluz que aclare los motivos

FACUA Andalucía demanda al Gobierno andaluz que aclare los motivos por los que no da a conocer las marcas tras efectuar los contraanálisis solicitados por éstas. Los consumidores, advierte, tienen derecho a conocer qué empresas han incurrido en fraude.

En diciembre, la consejera de Salud y competente en materia de protección a los consumidores, María Jesús Montero, argumentó que tardaría "no menos de cinco a seis meses, ya que los análisis de laboratorio son lentos". Análisis que en realidad se realizan en unas pocas horas de no ser por la falta de medios de la Junta, con sus laboratorios saturados, advierte la Federación.

FACUA Andalucía critica que esta dejación se enmarca en la situación de abandono en la que se encuentran las políticas de protección de los consumidores en Andalucía.

A ello se suma la grave irresponsabilidad en la que incurrió la Junta de Andalucía en el criterio para la selección de las muestras de aceite de oliva analizadas y el mensaje con que hizo pública la detección de un presunto fraude.

Guiada por los intereses de patronales agrarias

Y es que el Gobierno andaluz se dejó guiar por los intereses de patronales empresariales del sector agrario realizando los análisis exclusivamente en las marcas con los precios más bajos.

Y ello para posteriormente anunciar que había detectado fraude en marcas con "precio excepcionalmente bajo" o "inusualmente bajo respecto al precio habitual de estos productos por la calidad que los mismos tienen", adjetivos que carecen de rigor y obvian que las decisiones sobre los precios de venta al público son fruto de numerosos elementos y no únicamente de la calidad de los productos.

La Junta de Andalucía convirtió en sospechosa de fraude a cualquiera de las numerosas marcas con precios bajos. Obviamente, el Ejecutivo autonómico no detectó fraude en marcas con precios superiores porque no analizó ninguna.