La Marea.-“Lo que nos demuestran las cifras es que no hay que alarmarse”. Así califica Rafael Lara, coordinador del área de solidaridad internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la situación en la frontera sur de España y la llegada de inmigrantes a través de la valla de Ceuta y Melilla.

Según el informe de APDHA presentado hoy mismo, el flujo migratorio se mantiene de forma similar al de hace tres años. En el año 2011 cruzaron de forma ilegal la frontera por Ceuta 1.258 personas, un número que descendió en 2012 a 756 y volvió a aumentar el año pasado a 1.846. En Melilla, se pasó de 1.039 personas en 2011 a 2.105 en 2012 y 2.508 en 2013.

Para Rafael Lara, estos datos demuestran que “las cifras que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos días son una exageración; la realidad es que no estamos ante una situación descontrolada, sino en unos niveles perfectamente asumibles y gestionables mediante otro tipo de políticas”.

En relación con el número de personas muertas y desaparecidas, según los datos que la APDHA ha podido conocer, se ha producido un descenso y se sitúa en 130 personas en 2013, respecto a las 225 del año anterior. “Este descenso resulta sorprendente, teniendo en cuenta que los métodos de entrada son cada vez más precarios y que cada vez aumenta más el control y represión sobre las personas migrantes”, concluye Rafael Lara. De los fallecidos, la mayoría murieron en Marruecos (42) y Argelia (25), y el resto en Andalucía (24), Ceuta (24) y Melilla (15).

En este sentido, y en el relación a los hechos del pasado 6 de febrero que provocaron la muerte de 15 inmigrantes cuando intentaban acceder a suelo español, Lara denuncia que “la respuesta que se está dando es una dura represión, fruto de la histeria ante un aumento de entrada de migrantes por Ceuta y Melilla que no es tan dramático”.

La APDHA considera “inadmisible la sucesión de versiones contradictorias” por parte de la Delegación del Gobierno en Ceuta, el director general de la Guardia Civil y el ministro del Interior. Por este motivo, reitera la “exigencia de dimisión de dichos responsables políticos y de la puesta en marcha de una comisión parlamentaria de investigación”.