Asturias.-El Consejo de Gobierno ha acordado dirigirse al Ejecutivo central para que asuma sus obligaciones pendientes en materia de fondos mineros, al incumplir por tercer año consecutivo el cumplimiento de los convenios suscritos con Asturias. Ante la reiterada negativa del Gobierno del señor Rajoy en esta materia, se ha aprobado también facultar a los servicios jurídicos del Principado a emprender acciones legales ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo para reclamar estos fondos de 2013.
Se trata de convenios que suman 68.177.957 euros y que permitirían acometer actuaciones en materia de infraestructuras en concejos tan necesitados de inversiones como Mieres, Aller, Piloña, Caso o Riosa. Estos más de 68 millones se añaden a los 213 millones de los convenios de 2011 y a los 53,3 millones de 2012. En total se trata de 334,4 millones de euros, una importante cantidad de recursos que tendrían una incidencia muy positiva en la reactivación económica de nuestra comunidad y en la generación de puestos de trabajo.
Los convenios afectados son los siguientes:
· Conexión en el concejo de Aller de las carreteras AS-112 y AE-2 y con los polígonos de Catorana y Marianes, así como el ensanche de la carretera AE-2, entre Moreda y Boo. La inversión global asciende a 15 millones de euros.
· Construcción de la carretera entre Villar de Gállegos (Mieres) y Riosa, por importe de 8.177.957, 46 euros.
· Ejecución de la carretera Infiesto-Campo de Caso por importe de 45 millones de euros.
El primer Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, el del 30 de diciembre de 2012, decidió suprimir el pago de las inversiones ya programadas, incluso iniciadas, de los fondos mineros. En muchos casos con el dinero ya adelantado por el Gobierno del Principado.
Ante el incumplimiento por parte del Ejecutivo central, Asturias optó por acudir a los tribunales. El primer recurso fue interpuesto en junio de 2012 para reclamar 213.056.914 euros por el adelanto presupuestario realizado por el Gobierno del Principado para obras acogidas a los fondos mineros, correspondientes a convenios cuya vigencia finalizó en 2011. Este primer recurso fue resuelto el pasado mes de noviembre por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, que admitió los principales planteamientos del Principado, al estimar que la anulación del pago de los fondos mineros ya comprometidos con Asturias “no responde a una imposibilidad económica sobrevenida”.
El 29 de noviembre de 2013, el Gobierno central recurrió ante la Audiencia Nacional la sentencia. Ante esta decisión, Asturias reclamó a la Audiencia Nacional que obligase a cumplir temporalmente la sentencia dado el perjuicio social y económico causado con este nuevo retraso.
A este primer procedimiento judicial y tras el fallo favorable a los intereses de Asturias, el Consejo de Gobierno del Principado acordó el 4 de diciembre pasado un segundo recurso, en este caso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11, para exigir los 53.370.687 millones de euros correspondientes a los convenios de los fondos mineros de 2012. Entre estos convenios destacan el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo, una obra iniciada y que el Principado ya adelantó parte de su financiación, pese a que el 100% le corresponde al Gobierno central, el aparcamiento subterráneo de Oñón en Mieres o las piscinas de Bimenes.
Ahora, ante el incumplimiento por parte del Gobierno de España de los convenios de los fondos mineros se inicia un nuevo proceso, con un requerimiento administrativo y con el encargo a los servicios jurídicos del Principado para que preparen los procedimientos necesarios, en línea con las actuaciones judiciales previas, para formular un tercer recurso ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo.