El portavoz de Justicia de IU, Gaspar Llamazares, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que pide explicaciones al Gobierno sobre la negociación abierta con el Colegio de Registradores de la Propiedad para que asuma la gestión del Registro Civil, dejando este servicio de tener una titularidad "exclusivamente" pública.

El diputado ha advertido de que el Ejecutivo puede estar "excediéndose" en la cesión de competencias que le son propias al valorar dejar a los registradores al cargo de "condiciones de seguridad, el diseño del registro electrónico e, incluso, aspectos relativos a una nueva demarcación registral".

Llamazares se ha expresado así después de que el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, remitiera la pasada semana una carta a sus afiliados en la que aseguraba que el Gobierno ha decidido asignarles el Registro Civil y contarán con "plena capacidad auto-organizativa" en su organización territorial, material y tecnológica de acuerdo a la ley.

POSIBLE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Para el diputado de Izquierda Unida por Asturias, esta intervención se realiza "con el agravante de que el coste de la plataforma tecnológica del Registro no saldrá a concurso público, aunque sea el Estado quien la pague". "Podríamos encontrarnos ante un presunto delito de tráfico de influencias que podría interesar a la Fiscalía", avisa.

IU recuerda que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad en excedencia y pregunta "en qué fecha y en qué disposición oficial" ha acordado su gabinete asignar la llevanza del Registro Civil a este colectivo.

"¿Por qué el Gobierno negocia previamente con el Colegio de Registradores de la Propiedad todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia a los Registradores?", interpela.