El Gobierno de Canarias considera que la reforma de la legislación sobre el aborto que impulsa el Ejecutivo español resulta contraproducente, ajena a la realidad social e innecesaria, y considera que lo procedente es la retirada del desafortunado e inoportuno Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

Así se recoge en el informe elaborado por el Ejecutivo Canario, a petición del Ministerio de Justicia, en el que se indica que debe mantenerse la regulación contemplada en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2010, ya que no existen razones sociales ni normativas que justifiquen su cambio o sustitución.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, dio a conocer hoy en rueda de prensa el informe, en el que se señala que la legislación vigente desde 2010 "se ajusta plenamente a la realidad y al sentir actual". En el acto informativo también estuvieron presentes el viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera, y la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez.

"La reforma legislativa que pretende el Ejecutivo del Partido Popular es una de las más restrictivas de Europa, supone un retroceso en el tiempo de más de 30 años en los derechos de las mujeres y un nuevo ataque a los avances en materia de igualdad y no es demandada por la sociedad actual", destacó Hernández Spínola.

"Esta propuesta normativa parte de una visión paternalista, que ve a la mujer como un ser necesitado de protección y tutela", dijo el consejero, quien agregó que la reforma que plantea el PP "no garantiza el derecho a la maternidad libremente decidida".

Se trata, remarcó el consejero, de una reforma "puramente ideológica" que vulnera los derechos y libertades de las mujeres y que está siendo ampliamente contestada, tanto social como políticamente, en España y en Europa, incluso en el seno del propio Partido Popular.

En el informe, el Ejecutivo canario discrepa con los argumentos esgrimidos en el Anteproyecto de Ley, en cuya exposición de motivos se asegura que el texto pretende acomodarse a la doctrina del Tribunal Constitucional. Al respecto, Pedro Herrera indicó que esa aseveración no es convincente pues se basa en una visión "parcial e interesada" de esa doctrina.

Pedro Herrera explicó que el Tribunal Constitucional en la sentencia 116/1999 indica que los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución, pero esto no significa que resulten privados de toda protección, aspecto, recalcó Herrera, que está recogido con "acierto" el preámbulo de la ley vigente, la ley orgánica 2/2010.

Detalló que el feto es susceptible de vida independiente de la madre, partiendo de un consenso avalado por la comunidad científica y basado en estudios de neonatología, a partir de las 22 semanas de gestación, e indicó que en la legislación vigente el plazo máximo establecido para la interrupción del embarazo a petición de la mujer es de 14 semanas.

La protección de la vida prenatal hay que conjugarla con los derechos fundamentales de la mujer, ente los que se encuentra su derecho a decidir, de forma voluntaria y responsable, sobre su sexualidad, que engloba la salud sexual y la reproductiva, afirmó el viceconsejero de Justicia, quien consideró que sería "una torpeza y un gran paso atrás" en los derechos de las mujeres que la propuesta del Gobierno español se consolide como norma.

Nuevo ataque a la libertad de las mujeres

La directora del Instituto Canario de Igualdad afirmó que la reforma que impulsa el PP representa "un grave atropello para las mujeres; un ataque a nuestra dignidad y libertad y una vulneración de nuestros derechos en materia de salud sexual y reproductiva, y nos niega la autonomía para decidir libremente sobre la maternidad". "Además, se trata a las mujeres como si fuéramos menores o incapaces, al negar nuestro derecho a decidir libre, consciente y de forma responsable sobre la maternidad", remarcó.

Elena Máñez afirmó que con esta ley el PP agravará más las desigualdades sociales y dividirá a las mujeres en ricas y pobres. Así, sostuvo, "las mujeres que dispongan de recursos económicos podrán interrumpir el embarazo en países vecinos y las que no tengan medios económicos tendrán que hacerlo en la clandestinidad, lo que supondrá una gran inseguridad sanitaria, ya que provocará que más mujeres mueran o tengan graves secuelas en su salud como consecuencia de abortos clandestinos e inseguros". "Por tanto, es también una ley hipócrita y discriminatoria", manifestó.

Recordó que la legislación actual colocó a España en la misma línea de la mayoría de los países europeos mejorando la seguridad jurídica al establecer una ley de plazos y enfatizó que de salir adelante esta normativa, se convertiría en la "más restrictiva de la democracia". "Nos haría retroceder en esta materia a posiciones preconstitucionales", agregó.

Máñez aseguró que el debate sobre el derecho a la interrupción del embarazo era una cuestión ya superada y aceptada mayoritariamente por la sociedad, por lo que el PP está creando un problema donde no lo había, y señala que la mayoría social de este país está en contra de la reforma de la legislación actual.

Apuntó que incluso el Parlamento Europeo ha debatido y mostrado su mayoritario rechazo a este anteproyecto de ley y ni siquiera el Partido Popular Europeo ha defendido el proyecto del Gobierno de Rajoy. En Europa, sólo los partidos de ultraderecha defienden posturas contrarias al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, apuntó.