Gijón (E.P.) .-El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Alejandro Roces, ha retado este viernes al grupo municipal socialista a presentar una moción de censura "si cree que no estamos preparados para gobernar", ha dicho.

   Así ha respondido Roces en el Pleno ordinario celebrado este viernes, a una pregunta del grupo municipal socialista acerca de la política que desarrolla el equipo de Gobierno respecto a las incompatibilidades del personal público.

   La concejala socialista Begoña Fernández  ha acusado al equipo de Gobierno de provocar la caducidad de una sanción a un funcionario que incumplió la ley de incompatibilidades y de cesar a la funcionaria que instruyó el expediente contra este funcionario.

   Mientras Roces se atenía a una sentencia judicial para explicar el cese de la funcionaria y aseguraba que revisaría si el arquitecto municipal compatibilizaba su trabajo con actividades privadas, el portavoz socialista, Santiago Martínez Argüelles amenazaba al Gobierno municipal con romper el acuerdo presupuestario porque "no están preparados para gobernar".

   "No busque en la ley lo que no se atreve a hacer", ha respondido Roces, "no busque subterfugios, ni el escándalo por el escándalo y presente una moción de censura", le ha espetado al  portavoz socialista.

   Por otra parte el equipo de Gobierno ha rechazado el ruego del PP que pedía un lugar específico para colocar una bandera de España en la ciudad. Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Felgueroso,  la bandera ya tiene su lugar y los ciudadanos tienen problemas más importantes.

   Otra de las cuestiones tratadas en la sesión de hoy fue la reparación de los daños ocasionados por el temporal. Sobre este asunto el concejal de Mantenimiento, Manuel Arrieta, ha lamentado la falta de compromiso de las administraciones en este asunto y ha  confiado en que los destrozos estén reparados antes del verano, ya que para Semana Santa ya no hay tiempo.

   Por último, el Pleno ha aprobado por unanimidad la modificación de las ordenanzas fiscales, en tasas y precios públicos,  así como una declaración institucional para apoyar que la Universidad Laboral sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC).