Oviedo.-Los representantes de IU de Asturias en el Congreso y el Senado, Gaspar Llamazares y Jesús Iglesias, exigen en ambas instituciones información sobre las denuncias de que el Fondo de Garantía Salarias (Fogasa) tiene sin resolver 4.362 expedientes originados en Asturias por un importe de cerca de 20 millones de euros y un retraso en la resolución de los expedientes de unos quince meses.

   Llamazares ha recordado que una enmienda del PP a los presupuestos generales de este año eliminó la financiación a cargo del Fogasa de ocho días de la indemnización por despido objetivo en las Pymes, que solo debían costear los doce días restantes que establece la ley para estos casos y que, como consecuencia de ello, Fogasa "está frenando el cobro de más de 181.000 prestaciones a los trabajadores en toda España por los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores".

   El diputado nacional, además de preguntar a cuántos trabajadores afecta y cuál es la cantidad total adeudada, exige saber cuál es la valoración del Gobierno sobre los resultados de la externalización de la gestión de los expedientes atascados del Fogasa a la empresa Tragsatec. Ha recordado que el atasco de expedientes ya ha llegado al Defensor del Pueblo y a los juzgados y que el primero reclama "a la mayor urgencia" medidas efectivas contra la falta de personal y la inadecuada gestión.

   También apunta que Juzgados de Valencia y Barcelona comienza a recibir denuncias de afectados y que existen ya tres sentencias que condenan al Fondo por incumplir el plazo legal de tres meses en que debe responder a las solicitudes de prestación.

   El senador de IU, Jesús Iglesias, ha advertido al Gobierno de que el retraso afecta a trabajadores que en la mayoría de los casos, tras la extinción de sus contratos de trabajo se encuentran en "graves dificultades económicas". Quiere saber cuántos expedientes estaban pendientes de resolución a final de 2012 y 2013 en España y Asturias.

   Del mismo modo, ha preguntado si el Gobierno, al igual que ha hecho con el pago a proveedores por otras administraciones, va a poner en marcha un "plan de choque" para el pago de las cantidades que ha de abonar.