Oviedo (E.P.) .- La Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de casación y por infracción procesal interpuestos por la exconcejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Paloma Sainz, cuya demanda de protección de su derecho al honor fue desestimada tanto por el Juzgado de Primera Instancia como por la Audiencia Provincial, contra el concejal de Gobierno, Jaime Reinares.

La demanda fue dirigida contra Reinares por los comentarios realizados en 2010 en un diario asturiano sobre la concejal socialista en relación al posible desvío de fondos públicos y trato de favor dispensado a los beneficiarios de unas subvenciones.

El Juzgado y la Audiencia consideraron que estos comentarios estaban amparados por el derecho a la libertad de información dado su interés en el ámbito regional, dentro de un contexto de contienda política preelectoral. La sentencia de la sala Primera, de la que es ponente el magistrado Salas Carceller, resuelve en primer lugar las infracciones procesales denunciadas y declara que ninguna vulneración procesal determinante de indefensión se ha producido por la sentencia recurrida.

Respecto del recurso de casación, la Sala refrenda, en la ponderación entre el derecho al honor y el derecho a la información, la argumentación de la Audiencia Provincial y declara que los comentarios enjuiciados no supusieron un atentado al derecho al honor de la demandante al exponerse una realidad, que era la vinculación del esposo de la demandante con una sociedad que obtuvo subvenciones en materia de formación con intervención directa de la demandante por razón del cargo público que desempeñaba.

La sentencia concluye que sobre esta realidad se ejerció legítimamente el derecho de información y de crítica, derechos ambos reforzados en contextos de contienda política.

LOS HECHOS

Jaime Reinares reprochó a Sainz que no explicase su "implicación directa y personal" en el "oscuro asunto de Venturo XXI". "Eso sí merecería una manifestación de la izquierda político-sindical pidiendo que vuelvan a las arcas públicas los fondos que Paloma Sainz y su marido, el director del Idepa, Víctor González Marroquín, entregaron a dos buenos amigos por importe de más de diez millones de euros para que ahora cien familias estén en el paro".

Al respecto, Sainz resaltó que la gestión de la Dirección General estuvo auditada por la intervención del Estado, del Principado, de la Unión Europea y de los agentes sociales. Asimismo, afirmó que la empresa cumplía "todos los requisitos" y la Dirección General ofreció cursos de formación para 108 alumnos de los que fueron contratados 70 durante cinco años. "En relación a la intervención del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), tendrá que contestar el director como ya lo ha hecho en sus comparecencias", dijo.

Además, instó al también diputado nacional por el PP, Jaime Reinares, a que se centre en los problemas del Ayuntamiento, que cada vez "se parece más a Baleares y Valencia", en lugar de "ensuciarse la boca" con "difamaciones" a su persona y al director del Idepa, sobre el que se limitó a decir que se da la circunstancia de que es su marido, algo que considera no tiene nada que ver con sus trayectorias profesionales.

"Si tiene algo que decir que vaya a los tribunales", sugirió Sainz al concejal de Economía como alternativa a su "habitual" dinámica de "echar veneno". "No va a amedrentar a la oposición", afirmó Paloma Sainz. "Conmigo dio en hueso duro", aseveró