Santander- El Gobierno de Ignacio Diego va a anular el permiso `Arquetu' concedido por el anterior Gobierno regional de Miguel Ángel Revilla en marzo de 2011, que autorizaba la investigación mediante la técnica del fracking en un área que comprendía los municipios de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.

El Consejo de Gobierno estimará en su reunión de hoy los recursos presentados entonces para solicitar la anulación de la autorización concedida por el anterior Ejecutivo cántabro, que ahora se declara ilegal porque el suelo afectado no es compatible urbanísticamente.

Esto quiere decir que, tal y como recogen los informes jurídicos que avalan esta decisión del Gobierno de Ignacio Diego y tomando como base legal la Ley de Suelo de Cantabria y la jurisprudencia que la aplica, no es posible realizar actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección, salvo que tengan la catalogación de suelos rústicos de especial protección minera, que no es el caso de los terrenos afectados por el permiso `Arquetu'.

Además, esos mismos informes jurídicos añaden también que las medidas ambientales recogidas en el permiso de investigación son "insuficientes y excesivamente genéricas", lo cual constituye una infracción de la legislación estatal sobre hidrocarburos.

El propio Ignacio Diego, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto con el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha explicado que con esta resolución el Gobierno quiere despejar las dudas que puedan existir en nuestra región en torno a la práctica del fracking, especialmente ahora que se encuentra cautelarmente en suspenso la ley cántabra que prohíbe esta técnica hasta que se resuelva el recurso planteado por la Administración del Estado.

Aún sin la vigencia de esta normativa, Diego ha dicho que Cantabria no está desprotegida porque existe una legislación urbanística y una jurisprudencia claramente establecida por los tribunales que dictamina que no se pueden llevar a cabo actividades mineras o extractivas en Cantabria, salvo que tengan lugar en suelo rústico de especial protección minera.

Así, ha subrayado, la estimación de estos recursos sirve para aclarar cuál es la normativa aplicable en Cantabria y la interpretación que el Gobierno hace de la misma.

"El Gobierno de Cantabria va a utilizar todos los argumentos jurídicos que proporcionen nuestras leyes para oponernos al fracking y vamos a aplicar con todo el rigor una legislación urbanística que protege a los suelos rústicos de especial protección de Cantabria frente a actividades que no están permitidas en dichos suelos", ha remarcado Ignacio Diego.

"La prudencia impone la prohibición"

El presidente Diego ha asegurado que el Gobierno cántabro tiene "muy clara" cuál es la voluntad mayoritaria de los cántabros y que, en este asunto del fracking, "la prudencia impone la prohibición", ya que la pretensión de su Ejecutivo en todo momento ha sido y será defender "por encima de todo" los intereses de los ciudadanos y de la región, en la línea de proteger su paisaje, sus recursos hídricos y su patrimonio.

Por otro lado, se ha referido a la posición adoptada en torno al fracking por los sindicatos mayoritarios de Cantabria, que han secundado la decisión adoptada por sus ejecutivas federales de apoyar la exploración mediante esta técnica. Esta postura, junto con la manifestada por el PRC y el PSOE al frente del Gobierno en la anterior legislatura y hoy en la oposición en Cantabria, lleva a Ignacio Diego a la conclusión de que el partido que actualmente sustenta al Gobierno, el Partido Popular, es el "único partido regionalista" que hay en la Comunidad, porque tiene el "orgullo" de gobernar atendiendo "exclusivamente" a los intereses de los cántabros, "por encima de cualquier otra cuestión".

Otra conclusión que extrae el presidente al respecto es que, si algún día volvieran a gobernar estos partidos, se retomarían en Cantabria los permisos para utilizar el fracking. "Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general, opinen lo que opinen quienes cambian de posición constantemente", ha concluido.

Por su parte, Javier Fernández ha insistido en que con esta decisión, que tiene efectos inmediatos, el Gobierno cántabro quiere dejar claro el régimen jurídico que va a imperar en Cantabria mientras esté en suspenso cautelar la ley regional que prohíbe el fracking.

El consejero considera que, precisamente por ello, la estimación de los recursos llega en un momento "muy oportuno", además de reiterar el mensaje de que en Cantabria "no caben permisos mineros sin la compatibilidad urbanística".

El permiso de investigación `Arquetu' fue concedido por el anterior Gobierno el 31 de marzo de 2011 a  Trofagás Hidrocarburos S. L. Es el único de carácter exclusivamente regional, ya que los otros cuatro fueron autorizados por el Gobierno del Estado por abarcar a territorios de diferentes Comunidades Autónomas.

El `Arquetu' fue recurrido en su momento por diferentes colectivos, estimándose finalmente por sus argumentos y por su adecuación formal los de la Mancomunidad de Municipios del Saja-Nansa, la asociación Mortera Verde y la asociación Red Cambera.

La resolución del Gobierno agota la vía administrativa, pero puede ser recurrida en instancias judiciales. En este hipotético caso, el Gobierno de Cantabria confía en que la justicia refrendará su decisión porque está amparada en la jurisprudencia y en la normativa establecida.

Santander- 06.02.2014

El Gobierno de Ignacio Diego va a anular el permiso `Arquetu' concedido por el anterior Gobierno regional de Miguel Ángel Revilla en marzo de 2011, que autorizaba la investigación mediante la técnica del fracking en un área que comprendía los municipios de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.

El Consejo de Gobierno estimará en su reunión de hoy los recursos presentados entonces para solicitar la anulación de la autorización concedida por el anterior Ejecutivo cántabro, que ahora se declara ilegal porque el suelo afectado no es compatible urbanísticamente.

Esto quiere decir que, tal y como recogen los informes jurídicos que avalan esta decisión del Gobierno de Ignacio Diego y tomando como base legal la Ley de Suelo de Cantabria y la jurisprudencia que la aplica, no es posible realizar actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección, salvo que tengan la catalogación de suelos rústicos de especial protección minera, que no es el caso de los terrenos afectados por el permiso `Arquetu'.

Además, esos mismos informes jurídicos añaden también que las medidas ambientales recogidas en el permiso de investigación son "insuficientes y excesivamente genéricas", lo cual constituye una infracción de la legislación estatal sobre hidrocarburos.

El propio Ignacio Diego, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto con el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha explicado que con esta resolución el Gobierno quiere despejar las dudas que puedan existir en nuestra región en torno a la práctica del fracking, especialmente ahora que se encuentra cautelarmente en suspenso la ley cántabra que prohíbe esta técnica hasta que se resuelva el recurso planteado por la Administración del Estado.

Aún sin la vigencia de esta normativa, Diego ha dicho que Cantabria no está desprotegida porque existe una legislación urbanística y una jurisprudencia claramente establecida por los tribunales que dictamina que no se pueden llevar a cabo actividades mineras o extractivas en Cantabria, salvo que tengan lugar en suelo rústico de especial protección minera.

Así, ha subrayado, la estimación de estos recursos sirve para aclarar cuál es la normativa aplicable en Cantabria y la interpretación que el Gobierno hace de la misma.

"El Gobierno de Cantabria va a utilizar todos los argumentos jurídicos que proporcionen nuestras leyes para oponernos al fracking y vamos a aplicar con todo el rigor una legislación urbanística que protege a los suelos rústicos de especial protección de Cantabria frente a actividades que no están permitidas en dichos suelos", ha remarcado Ignacio Diego.

"La prudencia impone la prohibición"

El presidente Diego ha asegurado que el Gobierno cántabro tiene "muy clara" cuál es la voluntad mayoritaria de los cántabros y que, en este asunto del fracking, "la prudencia impone la prohibición", ya que la pretensión de su Ejecutivo en todo momento ha sido y será defender "por encima de todo" los intereses de los ciudadanos y de la región, en la línea de proteger su paisaje, sus recursos hídricos y su patrimonio.

Por otro lado, se ha referido a la posición adoptada en torno al fracking por los sindicatos mayoritarios de Cantabria, que han secundado la decisión adoptada por sus ejecutivas federales de apoyar la exploración mediante esta técnica. Esta postura, junto con la manifestada por el PRC y el PSOE al frente del Gobierno en la anterior legislatura y hoy en la oposición en Cantabria, lleva a Ignacio Diego a la conclusión de que el partido que actualmente sustenta al Gobierno, el Partido Popular, es el "único partido regionalista" que hay en la Comunidad, porque tiene el "orgullo" de gobernar atendiendo "exclusivamente" a los intereses de los cántabros, "por encima de cualquier otra cuestión".

Otra conclusión que extrae el presidente al respecto es que, si algún día volvieran a gobernar estos partidos, se retomarían en Cantabria los permisos para utilizar el fracking. "Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general, opinen lo que opinen quienes cambian de posición constantemente", ha concluido.

Por su parte, Javier Fernández ha insistido en que con esta decisión, que tiene efectos inmediatos, el Gobierno cántabro quiere dejar claro el régimen jurídico que va a imperar en Cantabria mientras esté en suspenso cautelar la ley regional que prohíbe el fracking.

El consejero considera que, precisamente por ello, la estimación de los recursos llega en un momento "muy oportuno", además de reiterar el mensaje de que en Cantabria "no caben permisos mineros sin la compatibilidad urbanística".

El permiso de investigación `Arquetu' fue concedido por el anterior Gobierno el 31 de marzo de 2011 a  Trofagás Hidrocarburos S. L. Es el único de carácter exclusivamente regional, ya que los otros cuatro fueron autorizados por el Gobierno del Estado por abarcar a territorios de diferentes Comunidades Autónomas.

El `Arquetu' fue recurrido en su momento por diferentes colectivos, estimándose finalmente por sus argumentos y por su adecuación formal los de la Mancomunidad de Municipios del Saja-Nansa, la asociación Mortera Verde y la asociación Red Cambera.

La resolución del Gobierno agota la vía administrativa, pero puede ser recurrida en instancias judiciales. En este hipotético caso, el Gobierno de Cantabria confía en que la justicia refrendará su decisión porque está amparada en la jurisprudencia y en la normativa establecida.

Santander- 06.02.2014

El Gobierno de Ignacio Diego va a anular el permiso `Arquetu' concedido por el anterior Gobierno regional de Miguel Ángel Revilla en marzo de 2011, que autorizaba la investigación mediante la técnica del fracking en un área que comprendía los municipios de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.

El Consejo de Gobierno estimará en su reunión de hoy los recursos presentados entonces para solicitar la anulación de la autorización concedida por el anterior Ejecutivo cántabro, que ahora se declara ilegal porque el suelo afectado no es compatible urbanísticamente.

Esto quiere decir que, tal y como recogen los informes jurídicos que avalan esta decisión del Gobierno de Ignacio Diego y tomando como base legal la Ley de Suelo de Cantabria y la jurisprudencia que la aplica, no es posible realizar actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección, salvo que tengan la catalogación de suelos rústicos de especial protección minera, que no es el caso de los terrenos afectados por el permiso `Arquetu'.

Además, esos mismos informes jurídicos añaden también que las medidas ambientales recogidas en el permiso de investigación son "insuficientes y excesivamente genéricas", lo cual constituye una infracción de la legislación estatal sobre hidrocarburos.

El propio Ignacio Diego, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto con el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha explicado que con esta resolución el Gobierno quiere despejar las dudas que puedan existir en nuestra región en torno a la práctica del fracking, especialmente ahora que se encuentra cautelarmente en suspenso la ley cántabra que prohíbe esta técnica hasta que se resuelva el recurso planteado por la Administración del Estado.

Aún sin la vigencia de esta normativa, Diego ha dicho que Cantabria no está desprotegida porque existe una legislación urbanística y una jurisprudencia claramente establecida por los tribunales que dictamina que no se pueden llevar a cabo actividades mineras o extractivas en Cantabria, salvo que tengan lugar en suelo rústico de especial protección minera.

Así, ha subrayado, la estimación de estos recursos sirve para aclarar cuál es la normativa aplicable en Cantabria y la interpretación que el Gobierno hace de la misma.

"El Gobierno de Cantabria va a utilizar todos los argumentos jurídicos que proporcionen nuestras leyes para oponernos al fracking y vamos a aplicar con todo el rigor una legislación urbanística que protege a los suelos rústicos de especial protección de Cantabria frente a actividades que no están permitidas en dichos suelos", ha remarcado Ignacio Diego.

"La prudencia impone la prohibición"

El presidente Diego ha asegurado que el Gobierno cántabro tiene "muy clara" cuál es la voluntad mayoritaria de los cántabros y que, en este asunto del fracking, "la prudencia impone la prohibición", ya que la pretensión de su Ejecutivo en todo momento ha sido y será defender "por encima de todo" los intereses de los ciudadanos y de la región, en la línea de proteger su paisaje, sus recursos hídricos y su patrimonio.

Por otro lado, se ha referido a la posición adoptada en torno al fracking por los sindicatos mayoritarios de Cantabria, que han secundado la decisión adoptada por sus ejecutivas federales de apoyar la exploración mediante esta técnica. Esta postura, junto con la manifestada por el PRC y el PSOE al frente del Gobierno en la anterior legislatura y hoy en la oposición en Cantabria, lleva a Ignacio Diego a la conclusión de que el partido que actualmente sustenta al Gobierno, el Partido Popular, es el "único partido regionalista" que hay en la Comunidad, porque tiene el "orgullo" de gobernar atendiendo "exclusivamente" a los intereses de los cántabros, "por encima de cualquier otra cuestión".

Otra conclusión que extrae el presidente al respecto es que, si algún día volvieran a gobernar estos partidos, se retomarían en Cantabria los permisos para utilizar el fracking. "Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general, opinen lo que opinen quienes cambian de posición constantemente", ha concluido.

Por su parte, Javier Fernández ha insistido en que con esta decisión, que tiene efectos inmediatos, el Gobierno cántabro quiere dejar claro el régimen jurídico que va a imperar en Cantabria mientras esté en suspenso cautelar la ley regional que prohíbe el fracking.

El consejero considera que, precisamente por ello, la estimación de los recursos llega en un momento "muy oportuno", además de reiterar el mensaje de que en Cantabria "no caben permisos mineros sin la compatibilidad urbanística".

El permiso de investigación `Arquetu' fue concedido por el anterior Gobierno el 31 de marzo de 2011 a  Trofagás Hidrocarburos S. L. Es el único de carácter exclusivamente regional, ya que los otros cuatro fueron autorizados por el Gobierno del Estado por abarcar a territorios de diferentes Comunidades Autónomas.

El `Arquetu' fue recurrido en su momento por diferentes colectivos, estimándose finalmente por sus argumentos y por su adecuación formal los de la Mancomunidad de Municipios del Saja-Nansa, la asociación Mortera Verde y la asociación Red Cambera.

La resolución del Gobierno agota la vía administrativa, pero puede ser recurrida en instancias judiciales. En este hipotético caso, el Gobierno de Cantabria confía en que la justicia refrendará su decisión porque está amparada en la jurisprudencia y en la normativa establecida.