por Miguel Ángel Soto.-Según hemos podido saber hoy a través de los medios de comunicación, el ministro de Interior, Jorge Fernández, ha recibido el informe del Consejo Fiscal con sus valoraciones del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley antiprotesta o ley mordaza.

Esta ley es el último eslabón de la reforma legislativa y judicial que está llevando a cabo el Gobierno (Tasas Judiciales, reforma del Código Penal, reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana) y que supone un ataque, uno más, a los derechos fundamentales de libre expresión y manifestación, así como una respuesta sesgada y desproporcionada contra el creciente descontento social y las diversas formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis del sistema actual.

El Consejo Fiscal recomienda cambios en este proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y entiende que la redacción de algunos aspectos debe ser mejorada. En algunos aspectos, como la difusión de imágenes grabadas de las fuerzas de orden, apuntan que puede suponer "una limitación del derecho a la información sobre actividades o conductas de autoridades o funcionarios públicos”. Los medios de comunicación que cubren las protestas pacíficas, entre ellas las acciones de Greenpeace, seguro que aplauden estas líneas.

El Consejo Fiscal también cuestiona las sanciones sobre los que participen «en alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro impidiendo o dificultando la identificación». Los Fiscales señalan en su escrito que el texto «plantea serias dudas desde la perspectiva de los principios de tipicidad y seguridad jurídica. Incluso el principio de proporcionalidad podría resultar cuestionado si se interpretase, al amparo de la ambigua redacción del precepto, que el núcleo de la infracción es llevar el rostro tapado y no protagonizar la concreta conducta alteradora de la seguridad ciudadana».

Recordemos que un activista de Greenpeace con casco puede “dificultar su identificación”, si así lo consideran las fuerzas de orden. Y recordemos también que el proyecto de ley incluye entre sus infracciones administrativas graves la desobediencia civil y la escalada o precipitación desde edificios públicos como vía de protesta lo que puede conllevar multas que pueden ascender hasta 30.000 euros.

Respecto a este procedimiento sancionador (artículos 43 a 55), el Consejo Fiscal avisa del peligro de vulneración de derechos ya que “se corre el peligro de que la sanción se imponga pese a la pendencia del procedimiento penal, pese a la condena de los autores del delito o cuando el procedimiento penal se archive por falta de autor conocido, e incluso que la sanción administrativa recaiga sobre otras personas no sometidas al proceso por falta de pruebas contra ellas”.

Desde Greenpeace entendemos que con este paquete de reformas los ministros de Interior y Justicia pretenden conducir el descontento social hacia la vía contencioso-administrativa para ahogar las voces discrepantes mediante cuantiosas multas, eliminando la presunción de inocencia, evitando un control judicial previo y reduciendo las garantías ciudadanas.

Con esta reforma legal, el Gobierno está rompiendo la baraja del juego democrático. Intenta infundir miedo y reducir mediante la discrepancia y la protesta, con lo que demuestra así su temor a las libertades. Se habla de una nueva transición política hacia una mayoría silenciada más que silenciosa.

Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto), portavoz de Greenpeace España