El nuevo mantra del PP afirma que en Asturias se privatiza la Sanidad pública como en Madrid, pero que en el Principado no se protesta. Los datos son concluyentes. La afirmación, aún el sábado defendida por el director de La Razón y otros propagandistasen Sexta TV, es falsa y burda, por su carencia total de fundamento.

Los 36.766 procesos que se derivan a centros privados suponen apenas un 1,09% del presupuesto de la Consejería de Sanidad


Asturias.-Los trece hospitales integrados en la red de utilización pública del Principado, de los que cuatro son centros benéfico-privados sin ánimo de lucro, asumen el 98,2% de la actividad sanitaria de nuestra región. Los 36.766 procesos que se externalizan no llegan al 1,8% del total de la actividad y absorben apenas un 1,09% del presupuesto total de la consejería.

Al contrario que en otras comunidades, el gasto en conciertos sanitarios en el Principado se basa en la concertación de una mínima actividad complementaria y no en la privatización de la gestión de los hospitales públicos. En segundo lugar, de un total de 91,8 millones reservados en el presupuesto del Servicio de Salud para asistencia sanitaria con medios ajenos, 59,5 millones (el 64,8%) está destinado a financiar los denominados convenios singulares, que corresponden a los hospitales de Jove, Cruz Roja, Fundación de Avilés y Sanatorio Adaro.

Los cuatro centros están integrados desde el año 2002 en la red de utilización pública mediante el Decreto 71/2002 de 30 de mayo de la red hospitalaria pública y la red sanitaria de utilización pública. Su titularidad y gestión corresponde a instituciones sin ánimo de lucro, y desempeñan unas funciones muy precisas en el marco de la red hospitalaria asturiana. Esta relación de servicio está referida a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de  Sanidad y no tiene nada que ver con la privatización de la asistencia que se realiza en otras regiones.

Así, si de ese total de 91,8 millones de euros se excluyen por un lado los 15,9 millones de transporte sanitario, un servicio prestado por empresas privadas en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, y los 59,5 de los convenios singulares, la cantidad real para conciertos con entidades privadas es de 15,5 millones.

De esa cuantía, 6,8 millones se emplean en sufragar las cirugías, pruebas diagnósticas,  una mínima radioterapia e interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo fuera del sistema, mientras que los 8,7 millones restantes corresponden a servicios que no pueden ser prestados por la Administración como la oxigenoterapia o la aerosolterapia, y los convenios con entidades del tercer sector, sin ánimo de lucro, como Siloé, ASPACE y otras.

La significación cuantitativa de la actividad concertada es además poco relevante si se compara con el volumen de actividad asistencial desplegada por el conjunto de los hospitales públicos del Principado. Así, por ejemplo, el Sespa asume anualmente más de dos millones de procesos en hospitales propios y solo el 1,8% en centros concertados, donde se practican un 4,4% de las pruebas diagnósticas, muchas vinculadas a las técnicas de gammagrafía, y un 0,5% de las consultas.

El Gobierno del Principado defiende desde hace más de una década la complementariedad que se puede alcanzar entre centros sin ánimo de lucro que contribuyen con alta eficiencia, transparencia y calidad a la actividad asistencial de la red de titularidad pública. Frente a este modelo, aparece un intento indiscriminado de privatizar la gestión de los centros de titularidad pública, dando paso al lucro privado, como ocurre en la Comunidad Valenciana y, con consecuencias recientes, en la Comunidad de Madrid.