Santiago/Oviedo.-El empresario asturiano José Luis Álvarez, uno de los socios de la empresa Cechalva, concesionaria de la grúa en Lugo, declaró ante la jueza instructora de la 'Operación Pokémon' que "no" había duda de que el regidor lucense José López Orozco era el destinatario de 2.000 euros mensuales a cambio de la concesión.

En su declaración en marzo de 2011 ante la jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, recogida en el sumario, al que tuvo acceso Europa Press, el empresario asturiano afirmó que cuando entraron en conversaciones para que Cechalva se hiciera con la concesión de la grúa de Lugo "la condición indispensable era pagar 2.000 euros al mes al alcalde".

También manifestó que "realmente" no sabía si se entregaba o no ese dinero al alcalde e incidió en que para entrar en Oviedo en esa concesión "no tuvieron que pagar ningún dinero a nadie". No obstante, admitió que él y sus otros socios aceptaron la proposición y reconoció que "sí" sabían de antemano que les iban a dar la concesión.

Además, afirmó ante la jueza que habían tenido que poner un regalo en una cena para "un político" para el que dieron dinero de su bolsillo, 4.000 euros entre cuatro. Al respecto, señaló que entendió que el presente "sería para el alcalde", porque "Javier (Reguera) siempre hablaba del alcalde por aquí o por allá".

Al respecto, preguntado si separaban todos los meses alguna partida para pagar esos 2.000 euros, el empresario asturiano insistió en que "sí", que ese montante "salía de la caja B". Cuestionado entonces por qué lo sabía, afirmó que "porque era lo que estaba hablado" y en la "caja B ponía pago X,X,X,X dos mil euros".

En este sentido, preguntado qué significada "X,X,X,X", el empresario indicó que "eso es el alcalde", que era para "poder dar un nombre, por si alguien lo detectaba luego", señalando que era un primo de otro de los socios de la empresa, Manuel Santiso, el que escribía esos documentos.

De este modo, preguntado si existía alguna duda acerca de que "X,X,X,X" era el alcalde, Álvarez declaró que "no", que era el regidor "según decía Javier". También explicó "la intención" de éste "de conseguir la mayoría de la empresa porque, según decía él mismo, tenía que garantizar el pago al alcalde, que se había comprometido a esto y consiguiendo la mayoría era la única forma de tener garantizado que iba a cumplir con su palabra y seguir haciendo los pagos". "Que la concesión no se da así porque así", sentenció.

Sobre estas manifestaciones, al ser preguntado en el interrogatorio, según consta en el sumario, si dispone de alguna otra prueba que verifique que "X,X,X,X" es el alcalde dijo que "no".

FACTURAS FALSAS

   Además, el empresario asturiano explicó en su declaración que la empresa tenía "facturas falsas" de gasoil y de reparaciones, señalando que al año en la caja B se podrían haber sacado unos "100.000 euros más o menos".

   Asimismo, admitió que "le quitaron de en medio" porque "nunca estaba de acuerdo con la caja b" y porque "como le estaban molestando habló mal de Javier a Santiso y a Javier le pareció fatal". También admitió que tenía "miedo de contar todo" lo que sabe porque le han "amenazado" con querellas.

   El empresario indicó a la jueza que la documentación de Cechalva de la caja B estaba en la nave de Sanle, en el polígono lucense de O Ceao, en la oficina "al fondo a la izquierda", donde hay una serie de estanterías.

"MOVIMIENTOS RAROS"

En el marco de su declaración, el empresario asturiano sostuvo, asimismo, que el entonces concejal de Lugo Francisco Fernández Liñares, que había sido detenido y está imputado en la causa, "se metía" en aspectos de la empresa concesionaria porque "quería que la grúa llevaran un servicio limpio, que quería saber como iba el funcionamiento".

También, preguntado qué clase de "movimientos raros" vio, declaró que veía que "había cheques" y "salidas de dinero" que le llamaban la atención, como los gastos de gasoil. Así, dijo que "se podían emitir a razón de 10.000 euros, y en lugar de cargarlas directamente al banco, las pagan por cheques haciendo cuatro cheques que no llegan a 3.000 euros cada uno e incluso hay cheques que hacen el mismo día".

En su relato, indicó, además, que recogían "gastos falsos" como por ejemplo con el gasoil, ya que "los gastos reales en tal concepto eran 8.000 euros anuales". También indicó que el ultimo año, dijeron que había beneficios "de 24.000 euros" cuando el asesor antes de cerrar las cuentas dijo que había "54.000 euros", por lo que "por el camino se quedaron 23.000 euros" que no sabe a donde fueron a parar.

Álvarez ha señalado, además, a Liñares como el que "estaba detrás de la grúa", que incluso "Javier le decía que Liñares tenia el control de las empresas del Ayuntamiento, concretamente de las empresas que
concursaban en el Ayuntamiento".

Así, preguntado por qué sospecha que se han hecho pagos a políticos
dijo que "hombre, que te digan que te van a dar una concesión, que luego digan que el Liñares está detrás de la grúa".

TESTAFERRO

A raíz de esta declaración la jueza instructora recogió en un auto que el testigo "sugiere que Javier pueda ser un testaferro de Liñares" y hace hincapié en que le confesó que "Liñares tenía el control de la empresa de la grúa como de la mayor parte de las empresas que gestionaban servicios municipales".

No obstante, en relación a la "condición indispensable" apuntaba de pagar todos los meses 2.000 euros al alcalde a cambio de la concesión de la grúa, la jueza certifica que el testigo "no aporta ninguna prueba documental", aunque indica que en el acto de declaración "aportó diversas anotaciones supuestamente firmadas por Javier y Manuel Santiso sobre los supuestos pagos de la caja B".

La instructora recoge en un auto, además, que a través de una grabación "se puede escuchar como Santiso solicita a José Luis Álvarez que si es llamado a prestar declaración mienta y niegue cualquier relación de Javier con la grúa".

INVERSIÓN SIMULADA

Sobre este empresario y su otro socio asturiano Vigilancia Aduanera elaboró un informe judicial posterior en el mes de julio de 2011 en el que reflejaba que José Luis Álvarez "estaría en disposición de obtener una subvención de un organismo público aún no determinado que sería destinada a la financiación de un proyecto empresarial relacionado con la actividad marítima".

Al respecto, señala Aduanas que la convocatoria para obtener la subvención "no había sido publicada cuando el investigado ya conocía su próxima publicación y las bases de la misma". Así, concluye que "parece que el verdadero objetivo sería tener terminado el proyecto completo para que, en el momento en el que se convoque la oferta de subvención, tramitar la solicitud, teniendo en cuenta que el plazo disponible ya conocen que sería de cinco días y su verdadera finalidad sería aparentar documentalmente una inversión más ficticia que real".

Vigilancia Aduanera señala en el mismo informe que "el tráfico de influencias parece ya haberse consumado, por cuanto ya conocen la existencia de la ayuda y sus condiciones antes de haberse publicado, habiendo instado el subvencionador a su intermediario para que busque un subvencionable".