Oviedo (E.P.) .-El PSOE presentará a lo largo del próximo mes de febrero su recurso contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ante el Tribunal Constitucional, una normativa que fue aprobada en el Congreso de los Diputados a finales de noviembre de 2013 y que está en vigor desde el pasado 3 de enero.

   Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes parlamentarias, al tiempo que han señalado que este recurso no se centrará en el ámbito competencial, dado que serán las comunidades autónomas con gobierno del PSOE --Andalucía, Asturias y Canarias-- las que presenten el suyo propio.

   Para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad es necesaria la firma de, al menos, 50 diputados. El PSOE cuenta con 110. Además, el plazo para la presentación de un recurso de estas características finaliza dos meses después de la entrada en vigor de la normativa, que fue el pasado 3 de enero.

   El PSOE ha mostrado su intención de presentar este recurso desde que en mayo del año pasado la ley entrara en tramitación parlamentaria.

   La primera en avanzarlo fue la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien en mayo del año pasado, no descartó presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), si el Gobierno no atendía a sus demandas durante el trámite parlamentario de la normativa en el Congreso de los Diputados.

   "Primero intentaremos trabajar en el Parlamento", subrayó Valenciano en declaraciones a los medios, al mismo tiempo que se comprometió a que, en caso de que el PSOE gobierne en la próxima legislatura, derogará esta ley.

   Igualmente, también lo avisó la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien insistió en que los socialistas iban a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno aprobaba la LOMCE sin el respaldo de la comunidad educativa.

   De hecho, existe un acuerdo parlamentario entre la mayoría de los grupos de la oposición en el Congreso de derogar esta normativa en cuanto cambie la mayoría en el Parlamento, dadas sus discrepancias con la ley; un compromiso alcanzado entre todas las formaciones salvo PP, UPN y Foro de Asturias.