Madrd/Asturias.-El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha aprobado hoy remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Parques Nacionales, con el que se garantiza la adecuada conservación de estos espacios que cuentan con la máxima protección medioambiental en España y se refuerza la coordinación y la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, encargadas de su gestión.
Este Proyecto, según el Gobierno, asegura la conservación de los Parques Nacionales; implanta un nuevo modelo que, respetando la gestión ordinaria por parte de las Comunidades Autónomas, suma la coordinación por parte del Estado; procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad; integra en la gestión a los habitantes de los Parques Nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones.
Los Parques Nacionales deben ser capaces de ofrecer ciertas formas de usos y aprovechamientos (siempre supeditados a su conservación) y abrir más su gestión y sus actividades a la sociedad. La futura ley mejora esta integración y, dando continuidad a la normativa vigente, regula los usos y actividades presentes en el interior de los PN, delimitando las que son incompatibles y las compatibles y, dentro de éstas, las que además son necesarias para la gestión y conservación del Parque.
Asimismo, el Proyecto se ocupa también del desarrollo sostenible en las comarcas donde se ubican los Parques Nacionales. Mantiene el sistema de ayudas técnicas, económicas y financieras a los municipios de sus zonas de influencia, e introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto que activen la economía sostenible en estas zonas y prevean la creación de “empleo verde”.
La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias no se pronunciará sobre el Proyecto de Ley de Parques Nacionales aprobado este viernes por el Consejo de Ministros hasta conocer a fondo el texto elaborado por el Ministerio de Agricultura, según ha explicado el Principado.
La Consejería desconoce si ha habido cambios sustanciales sobre el primer documento presentado el pasado mes de junio, sobre el que existe un dictamen crítico del Consejo de Estado.
El Gobierno del Principado ya mostró su oposición al borrador del anteproyecto presentado por el ministerio en la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en junio.
Entre las críticas realizadas entonces, Asturias destacaba que el texto era menos proteccionista que la actual ley y que podría vulnerar la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004 que reconoce la gestión por parte de las comunidades autónomas de los parques nacionales.
La sentencia del 4 de noviembre de 2004 del Tribunal Constitucional, en respuesta a los recursos presentados por la Junta de Andalucía, el Gobierno de Aragón y las Cortes Aragonesas en 1998, declaró que la gestión ordinaria y habitual de los parques nacionales es competencia de las comunidades autónomas, así como la elaboración, aprobación y desarrollo de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y el nombramiento del presidente y del director-conservador, incluso en aquellos supuestos de parques nacionales que se extiendan por dos o más comunidades autónomas.
Ése es el caso del Parque Nacional de Picos de Europa, compartido por Asturias, Castilla y León y Cantabria. Con esa sentencia desapareció la figura de las comisiones mixtas de gestión de estos espacios, siendo atribuidas sus funciones a las comunidades autónomas, que deben atender con cargo a sus recursos financieros los gastos derivados de la gestión que les corresponde.
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