El ministro de Justicia reafirma que el Parlamento de España obligará a parir, o morir, a las españolas sin recursos fetos con graves malformidades, indigno para ellos, e insoportable en  una España en la que el Gobierno ha suprimido  ayudas a los dependientes y a sus familias, además de a los parados. La Comunidad asturiana, a la que se sigue obligando a empopar su dignidad, planta cara a Madrid rechazando la reducción de las mujeres a la condición de seres parideros despojados de sus derechos

Asturias.-El Gobierno del Principado recogerá aportaciones de colectivos de mujeres para presentar alegaciones al anteproyecto de la llamada Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. El Ejecutivo del Principado considera que una iniciativa legislativa de esta trascendencia exige ser analizada y debatida ampliamente por toda la sociedad española, tanto a través de los colectivos ciudadanos como de las instituciones públicas. En esta línea el Ejecutivo que preside Javier Fernández ha reclamado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón la convocatoria urgente y extraordinaria de un Consejo Sectorial de Justicia para que las comunidades autónomas muestren su criterio sobre esta controvertida propuesta, tal y como está previsto normativamente.

El pasado miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, envió una carta a las más de treinta asociaciones que integran el Consejo Asturiano de la Mujer, demandando su participación y la posibilidad de realizar aportaciones para formular alegaciones al anteproyecto para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. El próximo 5 de febrero se convocará de nuevo al Consejo Asturiano de la Mujer donde se analizarán y debatirán las diferentes aportaciones para elaborar un informe. Tras ser examinado por el Consejo de Gobierno se remitirá el documento a la Secretaría de Estado de Justicia para que recoja las aportaciones de Asturias a una iniciativa necesitada de consensos para impulsar un amplio acuerdo.

El Gobierno del Principado mostró desde el primer día de la aprobación del Anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada por el Consejo de Ministros, el pasado 20 de diciembre, su preocupación y alarma por esta iniciativa legislativa y anunció que la estudiaría con detalle y las respuestas a adoptar. Una de ellas ha sido para solicitar la convocatoria de forma urgente de la Conferencia Sectorial de Justicia, con el objeto de abordar este anteproyecto legislativo

El consejero de Presidencia denunció hoy en la Junta General del Principado que se trata de una iniciativa hecha a espaldas de la sociedad española, tanto de las comunidades autónomas, como de las asociaciones de mujeres y de los colectivos de los profesionales de la sanidad. El pasado 16 de diciembre, Guillermo Martínez acudió a la Conferencia Sectorial de Justicia con los representantes de las otras 16 comunidades autónomas. Sobre la mesa se pusieron 18 proyectos legislativos que el Gobierno de España tramita. Nada se dijo sobre el anteproyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso, que el titular de Presidencia de Asturias preguntó expresamente por esta iniciativa. Cuatro días después, el Consejo de Ministros la aprobó.

El titular de Presidencia manifestó en el Parlamento asturiano que “estamos ante una verdadera contrarreforma absolutamente restrictiva sobre los derechos sexuales y reproductivos de las españolas, que supone además una flagrante pérdida en la seguridad sanitaria y jurídica de mujeres y profesionales”. Estamos, añadió Guillermo Martínez, “ante un retroceso de derechos inexplicable, injustificable e intolerable”, que ha llevado al Gobierno de Asturias a reclamar la retira del anteproyecto.

Ante esta situación, el Ejecutivo del Principado se ha dirigido al Ministro de Justicia solicitado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia para que los representantes de las comunidades autónomas trasladen sus opiniones y objeciones. Una solicitud que se formula en base al reglamento vigente, donde se especifica que entre las funciones del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia están “debatir y analizar, con carácter previo a su tramitación, los anteproyectos de carácter general promovidos por el Ministerio de Justicia, con especial atención a aquellos proyectos que impliquen modificaciones de la legislación orgánica”.

El Gobierno asturiano quiere trasladar la profunda preocupación que genera entre los asturianos y las asturianas esta contrarreforma legislativa y manifestar el más firme rechazo sobre las negativas consecuencias que tendrá para las mujeres, los profesionales sanitarios y, en definitiva, para la calidad democrática de España, que se ha convertido en una referencia mundial en políticas de igualdad y en derechos sociales.