El Gobierno argentino  expresó esta mañana su repudio a los hechos de violencia sucedidos ayer en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, donde murieron cuatro personas, y reclamó a la Justicia que en forma inmediata se investigue y se esclarezca lo ocurrido.

También pidió al gobierno de la provincia de Jujuy, a cargo de Walter Barrionuevo, que “separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad en estas acciones”, y sostuvo la necesidad de que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó” el desalojo del Ingenio Ledesma, ocupado por unas 700 familias.

Ayer a la mañana la policía acudió al predio ocupado, ubicado a 106 kilómetros de la capital jujeña, en respuesta a un pedido de desalojo del juez Jorge Samman. Se generaron graves incidentes en los que murieron tres civiles y un policía.

El ministro del Interior Florencio Randazzo expresó que “desde el gobierno nacional repudiamos los hechos de violencia sucedidos en la ciudad Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy, y solicitamos a la justicia que, en forma inmediata, se investigue y se esclarezcan los hechos”.

El titular de la cartera Política sostuvo que “también le hemos pedido al Gobierno provincial que separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad en estas acciones”.

Randazzo agregó que “es necesario también que se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”.

Por último afirmó que “este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca criminalizó la protesta social. Es imprescindible que se actúe con rapidez para que se haga justicia”.