Oviedo (E.P.) .- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha señalado el próximo 26 de mayo, como la fecha de inicio del juicio con Jurado popular contra el exceptuado regional y exalcalde de Rodillero, Francisco González y la exconcejala de dicho Ayuntamiento, María Verena Prendes, por un delito continuado de exacciones ilegales.

   Las sesiones está previsto que se prolonguen durante los días, 27, 28, 29 y 30 de Mayo y 2 de Junio, según ha informado el gabinete de prensa del TSJA.

   El magistrado aprecia estos indicios a raíz de una la querella interpuesta por el sargento de la Policía Local de Cudillero, Prudencia Iván Flores.

   Según los hechos objeto de la querella, el exdiputado regional socialista y ex alcalde de Cudillero, en colaboración con la Concejal María Venera Prendes García, "han montado una red clientelar en la que obtienen fondos ilegales, por medio de cobros a los hosteleros de Cudillero a cambio del servicio de vigilancia de sus establecimientos por la Policía Local de Cudillero. Tales cobros  se extienden también a asociaciones de festejos diversas, y por lo que se ve a empresas de todo tipo".

   La denuncia recoge que tras la toma de posesión del querellante Prudencio Iván Flórez María como Sargento de la Policía Local y advertir que dichos pagos eran ilegales, debiendo cobrarse como horas extras del Ayuntamiento y no "como pago en "b", en mano o dinero negro". El Alcalde "urdió una falsa imputación de cohecho para apartarlo del cuerpo y seguir con su red clientelar".

   También se afirma en la querella que "el hecho cierto como prueban los documentos que se acompañan, en Cudillero se viene cobrando desde siempre a los hosteleros y asociaciones de festejos por los servicios de policía comisiones ilegales, que son controladas por el alcalde querellado y ejecutadas por la Concejal querellada, con la connivencia absoluta de los antiguos jefes de policía que amparaban y colaboraban en el reparto de los fondos de la trama".

   Y sigue relatando que "esta trama es obviamente ilegal, amen de mafiosa, y mantiene el Concejo en una situación de absoluta ilegalidad que abarca, según prueba la cuenta corriente que referimos, no solo al ámbito de la seguridad, sino según parece a todas las empresas que contratan con el Ayuntamiento".

   La denuncia sostiene que "estos hechos se llevan a cabo con total impunidad, expidiendo recibos, efectuando ingresos en cuentas del Ayuntamiento y en cuentas paralelas, en suma manejando la cosa publica como si de un negocio privado del alcalde y sus concejales se tratase. Obligando a los hosteleros y vecinos de la comarca a pagar las cantidades que el alcalde determina para que lo que el decide, policía, autobuses, chiringuitos, y quien sabe que otros inconfesables negocios".