Asturias/EP.-Según informó este martes el Consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, el Ejecutivo regional ampliará los derechos y la protección de los emigrantes asturianos retornados y les incorporará como miembros de pleno derecho al Consejo de Comunidades Asturianas. Lo hará, ha explicado, a través de la futura Ley de Emigración que se presentará antes de que finalice la actual legislatura.

   Declaraciones del consejero durante la apertura de una jornada dedicada a los emigrantes retornados, celebrada este martes en Laboral Ciudad de la Cultura, en la que se han abordado los problemas que afrontan para recibir servicios sociales y sanitarios, así como el tratamiento fiscal que deben afrontar por los ingresos percibidos en concepto de pensiones por sus años de trabajo fuera de España.

   Martínez ha manifestado que la diáspora asturiana es una de las prioridades del Gobierno del Principado, tanto aquellos emigrantes que llevan años fuera del Asturias, como las nuevas generaciones que buscan en otros países un futuro profesional y personal. Así ha señalado que "si importantes son los asturianos que toman el camino del éxodo, el Principado también vela por las personas que retornáis".

   En este sentido, ha destacado que este apoyo es más necesario que nunca, dado la reducción de las ayudas socio-sanitarias y las exigencias del Ejecutivo central para que los emigrantes retornados contribuyan fiscalmente también en España por las pensiones que perciben por sus años de trabajo y cotización en los países de acogida.

   Según del Observatorio Permanente de la Federación Española de Asociaciones de Retornados, en 2011 el dinero inyectado por los emigrantes retornados a España ascendió a más de 32,7 millones de euros, de los cuales 1,9 millones, es decir el seis por ciento, corresponden a las pensiones de asturianos y asturianas que han regresado.

   Desde el año 2001, según datos del Instituto Nacional de Estadística, retornaron a Asturias al menos 11.399 emigrantes. Sin embargo, las asociaciones que representan a este colectivo consideran que el número es más elevado, ya que hablan de un "retorno silencioso" que no se refleja en las cifras oficiales, agravado por las medidas tributarias o de reducción de derechos, como las adoptadas por el Gobierno central en los últimos meses.