La consejera de Agroganadería exige a Arias Cañete que la actividad agraria y la creación de empleo sean criterios ineludibles en el reparto de fondos de la Política Agrícola Común (PAC)

María Jesús Álvarez también reclama que se incorpore al pago base el 50% de las ayudas a la vaca nodriza frente al 25% que proyecta el ministerio

La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado defenderá ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que el mantenimiento de la actividad agraria y la creación de empleo, tanto directo como indirecto, sean dos criterios ineludibles para ser beneficiario de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

Este será uno de los puntos que el Gobierno del Principado llevará a la reunión del denominado Grupo de Alto Nivel, que se celebrará el próximo lunes, en Madrid, al que asistirá la directora general de Ganadería, Rosa Urdiales, y que preparará las conclusiones que se elevarán a la Conferencia Sectorial de la semana siguiente con presencia de los consejeros autonómicos.

La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado, que ha firmado un documento conjunto con las organizaciones agrarias UCA, ASAJA y COAG, difiere de varios de los planteamientos que propone el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. La consejera María Jesús Álvarez plantea que únicamente puedan ser beneficiarios de las ayudas aquellos que mantienen actividad agraria ?y que los ingresos provenientes de esa actividad signifiquen un porcentaje representativo de ingresos por rendimiento de la actividad agraria y no de ingresos procedentes del cobro de ayudas?. De esa forma, el número de beneficiarios que saldrían del sistema liberaría gran cantidad de recursos para quienes realmente realizan la actividad agraria en España y haría más atractiva la incorporación de jóvenes y el rejuvenecimiento del sector. María Jesús Álvarez considera ?inaceptable? un modelo de aplicación de la PAC como el de hasta ahora que permita que beneficiarios sin actividad agraria reciban importantes recursos de la PAC.

Por otro lado, la Consejería de Agroganadería del Principado también mostrará su discrepancia sobre el porcentaje de algunas ayudas. Desde Asturias se defiende que, al menos, se incorpore al pago base el 50% de las ayudas a la vaca nodriza mientras que el ministerio proyecta que sea del 25%.  

Además, otra crítica que se mantiene tanto por la consejería como por los sindicatos agrarios, tal como se contempla en el documento conjunto, es el modelo planteado con el ?greening? (enverdecimiento) al considerarlo un apéndice de las cantidades de recursos que se ingresan por los derechos de pago base, lo que lleva a una homogeneización y no a un reconocimiento de modelos productivos que realmente tengan un efecto beneficioso sobre la conservación de los recursos naturales.

Desde el Principado también se exige que el modelo español reconozca la fragilidad de las producciones, tanto ganaderas como agrícolas, realizadas en zonas de montaña destinándoles protección a través de la aplicación de recursos económicos de forma específica. La Consejería de Agroganadería defiende que el pago asociado sea  un elemento corrector de aquellas distorsiones que la aplicación del modelo de regionalización de los derechos de pago base pueda generar.

Por otro lado, la Consejería de Agroganadería ha mostrado su preocupación al no haber hecho aún el Ministerio de Agricultura una propuesta concreta de reparto de las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Por ello, ha solicitado que si pretende abordar ese tema en la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial, que también se celebra el próximo lunes, en Madrid, comunique cuanto antes su postura. El Principado considera ?inadmisible? que se pretenda abordar un asunto de tal relevancia y complejidad como es la asignación financiera para los próximos siete años sin conocer la propuesta con tiempo suficiente para poder analizarla.

Asturias ha venido defendiendo una propuesta que tenga en cuenta la secuencia histórica y el nivel de ejecución de los programas, por lo que advierte que no tolerará un incremento a aquellas regiones que han tenido que devolver dinero a Bruselas por falta de proyectos mientras que otras comunidades, como Asturias, estaban demandando contar con más fondos. El Principado tiene un alto nivel de ejecución del PDR y solicitó contar con más fondos por valor de 20 millones de euros que, finalmente, no le fueron asignados.