Asturias (E.P.) .-Los gobiernos de Castilla y León, Aragón y Asturias estudian la posibilidad de recurrir el auto del Tribunal General de Justicia Europeo que inadmite el recurso conjunto que interpusieron las tres autonomías en 2011 contra la reglamentación del Consejo Europeo de ayudas públicas al carbón relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas más allá de 2018.
Según ha advertido la Consejería de Economía y Empleo en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el recurso inadmitido por el Tribunal General de Justicia Europeo "pone en peligro que las explotaciones puedan seguir operativas, incluso siendo competitivas más allá de esa fecha sin apoyos públicos".
Por este motivo, los tres gobiernos se han comprometido a seguir defendiendo la viabilidad de una minería competitiva a partir de 2018 por lo que, aunque la vía de la defensa política sigue abierta, han instado al Gobierno de España a incrementar esta estrategia para la continuidad de las empresas mineras competitivas "ya que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se comprometió a defender esta postura ante la Unión Europea".
Economía ha recordado a este respecto que el motivo que fundamentó el recurso de los tres gobiernos en 2011 fue considerar que las ayudas que otorguen los estados han de estar vinculadas a la competitividad de las explotaciones, y no únicamente a su cierre. "La Decisión del Consejo Europeo recurrida podría ocasionar precisamente que más allá de 2018 las minas hayan de cerrar, incluso siendo competitivas y viables sin ayudas públicas", han insistido las mismas fuentes.
Las tres comunidades solicitaron al Tribunal General de Justicia Europeo que declarase la nulidad parcial de la Decisión 2010/787/UE, concretamente la de las disposiciones relativas a la obligación de que las minas devuelvan las ayudas si no cierran en 2018 y las que vinculan la recepción de ayudas al cierre de la actividad minera.
Además y tras valorarlo, "en un ejercicio de responsabilidad" no se pidió la nulidad total de la Decisión "para no dejar sin amparo legal las ayudas del Estado que reciben las distintas unidades de producción minera".
"El Tribunal inadmite ahora este recurso sin entrar a valorar el fondo de la cuestión y argumentando básicamente que las disposiciones recurridas y cuya anulación se pide son esenciales en la Decisión 2010/787/UE, de modo que su eliminación la alteraría completamente o supondría en la práctica sustituirla por una Decisión diferente", ha argumentado la justicia europea.
Los tres gobiernos autonómicos consideran que hay que seguir manteniendo una línea de defensa jurídica, "dado que el carbón es una reserva estratégica que garantiza el suministro eléctrico en un territorio como España que tiene una alta dependencia energética de terceros países y en el que una parte importante de la demanda únicamente puede cubrirse con generación térmica".
