El Principado propone que únicamente puedan ser beneficiarios de las ayudas los agricultores y ganaderos que mantienen su actividad agraria para liberar recursos para el rejuvenecimiento del sector

La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha exigido hoy al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que “sea sensible” con las zonas agrícolas y ganaderas de montaña, así como con el empleo agrario general por superficie.

La consejera ha presentado esta mañana un documento, suscrito por los sindicatos agrarios UCA, ASAJA y COAG, en el que se pide al ministro que estos dos criterios sean considerados como singularidades en la estructura básica sobre la que se fundamente el reparto de los fondos de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). “Ello permitirá dotar a comunidades como Asturias de los recursos necesarios para poder establecer las medidas concretas que permitan una mejor utilización de los recursos económicos”, ha afirmado.

Álvarez ha recordado el “amplio margen de maniobra que la nueva reforma da a los Estados miembros sobre el modelo de aplicación”, así como la disminución del 11,3% a preciso constantes del año 2011 de los recursos presupuestarios previstos para el desarrollo de la nueva PAC.

La consejera también ha reclamado al Ministerio de Agricultura  que en el nuevo modelo de aplicación de la PAC “se defina qué es agricultor activo y qué es actividad agraria”, de cuya interrelación se concretará quién podrá entrar o no a cobrar las ayudas. “Son dos cuestiones muy importantes, que hoy por hoy no están acordadas entre el ministerio y las distintas comunidades autónomas”, ha añadido.

 La consejera ha declarado que desde el Gobierno del Principado se plantea que “únicamente puedan ser beneficiarios de las ayudas aquellos que mantienen actividad agraria y, que los ingresos provenientes de esa actividad signifiquen un porcentaje representativo de ingresos por rendimiento de la actividad agraria y no de ingresos procedentes del cobro de ayudas”. De esa forma, “el número de beneficiarios que saldrían del sistema liberaría gran cantidad de recursos para quienes realmente realizan la actividad agraria en España y haría más atractiva la incorporación de jóvenes y el rejuvenecimiento del sector”, ha afirmado. Por el contrario, ha considerado “inaceptable” un modelo de aplicación de la PAC como el de hasta ahora que permita que beneficiarios sin actividad agraria reciban importantes recursos de la PAC.

En el documento suscrito por la consejería y los sindicatos agrarios, se critica el modelo que el ministerio plantea con el “greening” (enverdecimiento) al considerarlo un apéndice de las cantidades de recursos que se ingresan por los derechos de pago base. “Esto nos lleva a una homogeneización y no a un reconocimiento de modelos productivos que realmente tengan un efecto beneficioso sobre la conservación de los recursos naturales”, según la consejera. “Por ello, que el greening se considere aplicable al total de la superficie agraria útil española, nos parece que no es un planteamiento que responda a la filosofía que en todos los considerandos de la Unión Europea publicados se pone de manifiesto”, ha apuntado.

Esta situación también se repite con los recursos que se podrían destinar para las zonas de agricultura de montaña, por lo que el Principado exige que el modelo español reconozca la fragilidad de las producciones, tanto ganaderas como agrícolas, realizadas en zonas de montaña destinándoles protección a través de la aplicación de recursos económicos de forma específica. En este sentido, la consejera ha recordado que los pagos asociados son de carácter voluntario por parte de los estados miembros y que pueden suspenderlos o modificarlos en cualquier momento.

Por ello, desde Asturias se reclama que el pago asociado sea  “un elemento corrector de aquellas distorsiones que la aplicación del modelo de regionalización de los derechos de pago base pueda generar”. Se considera que debe establecerse una clara interrelación entre el modelo definitivo para la aplicación de los derechos de pago base, el greening y la forma en que se implementen los recursos económicos que se asignen a cada sector para la realización de los pagos acoplados. “Los pagos asociados más que un pago estructural deberían ser una actualización de compensación de renta para aquellos casos en los que se provocan auténticas reducciones de los márgenes obtenidos por los productos vendidos”, ha explicado.

Respecto a las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) también previstas en esta reforma de la PAC, desde el Principado se exige que su modelo de aplicación debe ser decidido por cada comunidad autónoma y que el reparto de los recursos económicos debe tener como eje vertebrador la singularidad de los territorios (zonas con limitaciones naturales como la agricultura y ganadería de montaña) y el empleo, dos criterios básicos para tener en cuenta la estructura básica sobre la que se fundamentara el reparto de estos recursos a nivel nacional.