Con la reciente convalidación del Real Decreto 8/2011, se establece una línea de crédito ICO para que los ayuntamientos hagan frente a las deudas exigibles con empresas, con preferencia para autónomos y pymes.

Si bien estos créditos son limitados – un máximo del 25% de la participación de la entidad local en tributos del Estado, es decir, unos 3.400 millones de euros- su utilización podría paliar la situación de iliquidez en que se encuentran muchos autónomos y pequeñas empresas que tienen créditos impagados de las administraciones locales.

Ante esta situación, FADE, que representa a través de CEAT Asturias a más de 23.000 autónomos, demanda a los ayuntamientos asturianos que con la mayor urgencia procedan a la tramitación del expediente que ha de desembocar en el pago de las deudas atrasadas.

A juicio de FADE, las corporaciones locales asturianas deben poner fin a una morosidad pública que estrangula principalmente a autónomos y pymes, así como asegurar el cumplimiento de la Ley de prevención de la morosidad, pagando en el plazo de cincuenta días, plazo que se reducirá a 40 días durante el año 2012 y 30 días a partir del 2013.

Pagar a los proveedores en plazo es tan esencial como pagar el salario a los propios funcionarios, pues muchas empresas y puestos de trabajo dependen de la puntualidad en los pagos en un entorno de falta de liquidez.

Saber quién paga

FADE también demanda el cumplimiento de las obligaciones de información sobre esta materia, que permita conocer no sólo la deuda viva (que supera los 464 millones de euros en el caso de los ayuntamientos asturianos) sino también la deuda comercial en mora de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Hay que tener en cuenta que la Ley 15/2010 exige a las comunidades autónomas que establezcan un sistema de información trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos establecidos para el pago.

En el ámbito municipal, los tesoreros o interventores de las corporaciones locales deben elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a conocer qué administraciones pagan en plazo y cuáles no, así como el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en cuanto a puntualidad de pagos